Se ratifica la condena a una banda que obligó a prostituirse a dos rumanas y asciende a 62 años

El fallo de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, desestimó los recursos de casación interpuestos por los letrados defensores de los siete penados, dos mujeres, D. P. y T. B. , de nacionalidad rumana, y cinco hombres, R. S. , I. S. , F. T. , G. T. , también de origen rumano, y el propietario de uno de los locales, que alegaron en sus apelaciones motivos como la vulneración de la presunción de inocencia, quebrantamiento de forma o error de hecho en la apreciación de pruebas.

Los hechos juzgados se remontan a septiembre de 2003 cuando, en un microbús hacia Almería, dos de los procesados robaron el bolso a la denunciante, una mujer rumana que viajaba a España para trabajar, le retuvieron su pasaporte y le dijeron que trabajaría con ellos en la localidad de Vera. Una vez allí, la joven fue obligada a residir en una vivienda sita en la urbanización Fuentemar, donde también vivían los otros cuatro miembros de la red, que, al igual que los dos primeros, la conminaron a que ejerciera la prostitución para todos ellos, que obtendrían un rendimiento económico.

Según recoge el fallo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería, de junio de 2006, la mujer tuvo que ceder a prostituirse ante las ‘graves’ y ‘contundentes’ amenazas de sus captores, que la conducían a diario hasta un club en el que ejerció de prostituta tarde y noche con prácticas completas a clientes del local, en el que también trabajaban las detenidas D. P. y T. B. Tras negarse a aceptar esta propuesta, los seis detenidos le dijeron que tendría que pagarles 5. 000 euros si quería liberarse, la amenazaron con venderla a otras personas y con causarle daño físico a ella, a un hermano que residía en Francia y a un hijo menor que vivía en Rumanía y llegaron incluso a maltratarla.

Esta situación se prolongó hasta que el 13 de octubre de 2003 la retenida consiguió escapar del club y echó a correr por una carretera contigua al grito de ‘policía’, sin que una de las dos mujeres acusadas y el propietario del establecimiento, que también recibía una parte del dinero ganado por la joven, pudieran detenerla. Los procesados se encargaban de la ‘exhausta’ vigilancia de la chica, que tenía que entregarles además todo el beneficio obtenido y que, tras su tarea en el club, era obligada a permanecer en la vivienda de Vera, sin dinero y sin pasaporte, y bajo un permanente clima de amenazas.

El juez estimó también probado que, en las mismas fechas, este grupo organizado pagó una determinada cantidad de dinero a un individuo no identificado por otra mujer rumana a la que sometió al mismo trato amenazador e intimidatorio para que ejerciera la prostitución, si bien no llegó a practicar relaciones sexuales, pero estuvo igualmente privada de libertad, sin documentación ni dinero, hasta que la Guardia Civil procedió al registro de la vivienda el 16 de octubre de 2003.

La Audiencia Provincial condenó a D. P. , T. B. , R. S. , I. S. , F. T. , G. T. a ocho años de prisión cada uno por dos delitos de detención ilegal y, junto al propietario del local, a otros dos años de cárcel y multa de doce meses a razón de 15 euros diarios cada uno por un delito de prostitución, así como a indemnizar solidariamente a las dos víctimas en 30. 000 euros por daños morales. En su fallo, el TS estimó que el relato ‘lógico’, ‘sólido’ y ‘coherente’ de los testigos explicita los hechos nucleares de la acusación, es decir, que hubo privación de libertad deambulatoria y que las mujeres fueron coaccionadas a ejercer la prostitución con amenazas de los acusados, que se lucraron además de esta actividad.

http://actualidad.terra.es/provincias/almeria/articulo/se_ratifica_condena_banda_obligo_2357702.htm

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