Archive for the ‘Coacciones’ Category

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El fallo de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, desestimó los recursos de casación interpuestos por los letrados defensores de los siete penados, dos mujeres, D. P. y T. B. , de nacionalidad rumana, y cinco hombres, R. S. , I. S. , F. T. , G. T. , también de origen rumano, y el propietario de uno de los locales, que alegaron en sus apelaciones motivos como la vulneración de la presunción de inocencia, quebrantamiento de forma o error de hecho en la apreciación de pruebas.

Los hechos juzgados se remontan a septiembre de 2003 cuando, en un microbús hacia Almería, dos de los procesados robaron el bolso a la denunciante, una mujer rumana que viajaba a España para trabajar, le retuvieron su pasaporte y le dijeron que trabajaría con ellos en la localidad de Vera. Una vez allí, la joven fue obligada a residir en una vivienda sita en la urbanización Fuentemar, donde también vivían los otros cuatro miembros de la red, que, al igual que los dos primeros, la conminaron a que ejerciera la prostitución para todos ellos, que obtendrían un rendimiento económico.

Según recoge el fallo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería, de junio de 2006, la mujer tuvo que ceder a prostituirse ante las ‘graves’ y ‘contundentes’ amenazas de sus captores, que la conducían a diario hasta un club en el que ejerció de prostituta tarde y noche con prácticas completas a clientes del local, en el que también trabajaban las detenidas D. P. y T. B. Tras negarse a aceptar esta propuesta, los seis detenidos le dijeron que tendría que pagarles 5. 000 euros si quería liberarse, la amenazaron con venderla a otras personas y con causarle daño físico a ella, a un hermano que residía en Francia y a un hijo menor que vivía en Rumanía y llegaron incluso a maltratarla.

Esta situación se prolongó hasta que el 13 de octubre de 2003 la retenida consiguió escapar del club y echó a correr por una carretera contigua al grito de ‘policía’, sin que una de las dos mujeres acusadas y el propietario del establecimiento, que también recibía una parte del dinero ganado por la joven, pudieran detenerla. Los procesados se encargaban de la ‘exhausta’ vigilancia de la chica, que tenía que entregarles además todo el beneficio obtenido y que, tras su tarea en el club, era obligada a permanecer en la vivienda de Vera, sin dinero y sin pasaporte, y bajo un permanente clima de amenazas.

El juez estimó también probado que, en las mismas fechas, este grupo organizado pagó una determinada cantidad de dinero a un individuo no identificado por otra mujer rumana a la que sometió al mismo trato amenazador e intimidatorio para que ejerciera la prostitución, si bien no llegó a practicar relaciones sexuales, pero estuvo igualmente privada de libertad, sin documentación ni dinero, hasta que la Guardia Civil procedió al registro de la vivienda el 16 de octubre de 2003.

La Audiencia Provincial condenó a D. P. , T. B. , R. S. , I. S. , F. T. , G. T. a ocho años de prisión cada uno por dos delitos de detención ilegal y, junto al propietario del local, a otros dos años de cárcel y multa de doce meses a razón de 15 euros diarios cada uno por un delito de prostitución, así como a indemnizar solidariamente a las dos víctimas en 30. 000 euros por daños morales. En su fallo, el TS estimó que el relato ‘lógico’, ‘sólido’ y ‘coherente’ de los testigos explicita los hechos nucleares de la acusación, es decir, que hubo privación de libertad deambulatoria y que las mujeres fueron coaccionadas a ejercer la prostitución con amenazas de los acusados, que se lucraron además de esta actividad.

http://actualidad.terra.es/provincias/almeria/articulo/se_ratifica_condena_banda_obligo_2357702.htm

El Tribunal Supremo (TS) ha terminado por ratificar la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que condenó a un total de 62 años de cárcel a siete integrantes de un grupo organizado afincado en la localidad de Vera que indujo a dos mujeres de nacionalidad rumana, bajo amenazas y coacciones, a ejercer la prostitución en clubes de alterne de la zona.

El fallo de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal desestimó, de este modo, los recursos de casación interpuestos por los letrados defensores de los siete penados, dos mujeres, D.P. y T.B., de nacionalidad rumana, y cinco hombres, también de origen rumano, y el propietario de uno de los locales, que alegaron en sus apelaciones motivos como la vulneración de la presunción de inocencia, quebrantamiento de forma o error de hecho en la apreciación de pruebas. Los hechos juzgados se remontan a septiembre de 2003 cuando, en un microbús hacia Almería, dos de los procesados robaron el bolso a la denunciante, una mujer rumana que viajaba a España para trabajar, le retuvieron su pasaporte y le dijeron que trabajaría con ellos en Vera.

Una vez allí, la joven fue obligada a residir en una vivienda de la urbanización Fuentemar, donde también vivían los otros cuatro miembros de la red, que, al igual que los dos primeros, la conminaron a que ejerciera la prostitución para que todos ellos obtuvieran un rendimiento económico. Tras negarse a aceptar esta propuesta, los seis detenidos le dijeron que tendría que pagarles 5.000 euros si quería liberarse, la amenazaron con venderla a otras personas y con causarle daño físico a ella, a un hermano que residía en Francia y a un hijo menor que vivía en Rumania y llegaron incluso a maltratarla. La Audiencia Provincial defendió que la conducían a diario hasta un club en el que terminó ejerciendo de prostituta tarde y noche con prácticas completas a clientes del local, en el que también trabajaban las detenidas D.P. y T.B. Los procesados se encargaban, según la sentencia, de la «exhaustiva» vigilancia de la chica, que tenía que entregarles además todo el beneficio obtenido y que, tras su tarea en el club, era obligada a permanecer en la vivienda de Vera, sin dinero y sin pasaporte, y bajo un permanente clima de amenazas.

Esta situación se prolongó hasta que el 13 de octubre de 2003 la retenida consiguió escapar del club y echó a correr por una carretera cercana al grito de «policía» sin que pudieran detenerla. El juez estimó también probado que, en las mismas fechas, este grupo organizado pagó una determinada cantidad de dinero a un individuo no identificado por otra mujer rumana a la que sometió al mismo trato amenazador e intimidatorio para que ejerciera la prostitución. Ella no llegó a practicar relaciones sexuales pero estuvo igualmente privada de libertad, sin documentación ni dinero, hasta que la Guardia Civil procedió al registro de la vivienda el 16 de octubre de 2003.

La Audiencia Provincial condenó a D.P., T.B., R.S., I.S., F.T., G.T. a ocho años de prisión cada uno por dos delitos de detención ilegal y, junto al propietario del local, a otros dos años de cárcel y multa de doce meses a razón de 15 euros diarios cada uno por un delito de prostitución, así como a indemnizar solidariamente a las dos víctimas en 30.000 euros.

http://www.ideal.es/almeria/20080323/almeria/manda-anos-prision-obligo-20080323.html 

14.03.2008

Controlaban con “practicas mafiosas” la seguridad de clubes de alterne, bares de copas y discotecas.

Empleaban métodos expeditivos para someter a nuevos miembros del grupo, “captar” a sus clientes y eliminar la competencia de grupos rivales.

Nueve detenidos de nacionalidad ucraniana y uno natural de Rusia.

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la UCRIF-Valencia y a la UCRIF-Central, han desarticulado una organización criminal formada por ciudadanos de Europa del Este, ucranianos en su mayoría, asentada en la provincia de Valencia. Se ha detenido a diez individuos como presuntos autores de los delitos de asociación ilícita, extorsión a empresarios, coacciones, amenazas, detención ilegal y falsificación de documentos.

El grupo desarticulado controlaba con “practicas mafiosas” la seguridad en clubes de alterne, bares de copas y discotecas en la provincia de Valencia, Madrid y Córdoba. Empleaban métodos expeditivos para someter a nuevos miembros del grupo, “captar” sus clientes y eliminar la competencia grupos rivales

Las investigaciones se iniciaron a finales de diciembre de 2007, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que esta organización criminal estaba actuando en la zona de Valencia. Se averiguó que reclutaban a nuevos miembros en sus países de origen en función de sus cualidades físicas, experiencia en el manejo de las armas o por su pasado como soldados, y les ofrecían trabajo como porteros/vigilantes en locales de ocio de Valencia (clubes de alterne, discotecas, pubs, etc). La investigación se amplió también a otras provincias como Madrid y Córdoba, donde igualmente desarrollaban sus actividades ilícitas.

Métodos expeditivos para someter a nuevos miembros del grupo, captar clientes” y eliminar a grupos rivales

Los responsables de este grupo “mafioso” exigían a sus subordinados un sometimiento pleno a las normas establecidas, utilizando métodos expeditivos en caso de incumplimientos: amenazas, coacciones, palizas, encierros y multas. Estos mismos procedimientos se utilizaban contra los propietarios de los locales a los que pretendían imponer sus servicios de vigilancia, así como para eliminar la competencia de otros “clanes mafiosos” rivales, generalmente formados por ciudadanos rumanos, que pugnaban por controlar el sector.

Captación y formación específica en labores de “seguridad”

La captación se realizaba en Ucrania con la promesa de un trabajo honrado y bien remunerado como camarero o portero de discoteca. Posteriormente exigían obediencia ciega y cumplimiento imperativo de las normas establecidas bajo amenaza de multas u otro tipo de acciones más expeditivas. Proporcionaban a sus miembros instrucción en el manejo de armas, elementos defensivos y técnicos, similares a los usados en prácticas de guerrilla y que incluía prácticas de tiro y defensa personal en gimnasios frecuentados por el grupo, todo ello con material facilitado por la organización. El tráfico de estupefacientes era otra de las presuntas actividades delictivas de la organización como medio de obtención de fondos.

Registros y controles de extranjería

Durante la operación se han practicado seis registros domiciliarios, tres en Valencia ciudad, dos en Quart de Poblet y uno en Mislata. Como complemento a las actuaciones se han realizado varios controles de extranjería en dos clubes de alterne y un bar de copas de la capital valenciana, en los que han sido detenidas siete mujeres extranjeras por infracción a la Ley de Extranjería y un español reclamado judicialmente, con orden de ingreso en prisión, sin relación alguna con el grupo criminal desarticulado.

En los registros domiciliarios, y como elementos de prueba más significativos, se hallaron catorce pistolas (nueve de ellas detonadoras), cartuchería, una defensa eléctrica, chalecos antibala, machetes y otros tipos de armas blancas, pasamontañas, prendas de camuflaje, equipos de transmisión, micro-cámaras inalámbricas, juegos de ganzúas, grilletes, documentación falsa, registro de morosos y una balanza de precisión.

http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ultimos_comunicados/np031403.html

Doce jóvenes ecuatorianos han sido detenidos en la provincia de Alicante, al este de España, en la desarticulación de dos bandas de “Ñetas”, informó este miércoles el Cuerpo Nacional de la Policía.

Según las fuentes policiales, las detenciones se produjeron el martes, ocho en Alicante y cuatro en Elche.

En Alicante fueron detenidos el jefe de la banda, Freddy Elías L. M.; el captador y responsable de seguridad, Johny Fernando L. M.; el adoctrinador Iván Javier R. T.; el ejecutor de castigos José Alfredo M. R., el secretario, Manuel Mauricio M.C., y los miembros Edison Omar L. M., Marlon Eden M. Z. y Jonathan Raúl S. R.

En la localidad alicantina de Elche, cerca de la capital, fueron arrestados los miembros de la banda Gonzalo Antonio A.R., Moisés Leonel R.L., John Paul L.D. y Jonathan M.D.

En los registros policiales efectuados en Alicante y en Elche los agentes se incautaron de documentación referente a esta asociación, y objetos contundentes.

La mayoría de los detenidos han sido puestos en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales y está previsto que cuatro de ellos pasen este jueves a disposición judicial.

Los grupos se dedicaban a cometer agresiones, coacciones y amenazas contra otros grupos de distinta ideología o nacionalidad, así como a un control intimidatorio contra sus propios miembros.

La investigación se inició en enero pasado a partir de las denuncias de un menor agredido por varios miembros de la banda latina de los “Ñetas”.

Las investigaciones permitieron constatar la existencia de un grupo organizado de jóvenes latinos “perfectamente estructurados, jerarquizados, con distribución de funciones y ejerciendo un control absoluto interno de la personalidad de sus miembros”.

Incluso, llegaban a la violencia con coacciones y amenazas a los integrantes que pretendieran abandonar la banda.

En los últimos años han proliferado en España bandas como los “Ñetas”, “Latin King”, “Dominican Dont Play”, “Latinos de Fuego”, los Rancutas, “Los Santos” o “Dark Latin Globers”, conformadas por jóvenes latinoamericanos y españoles.

http://www.eluniverso.com/2008/03/12/0001/626/BB034468089D416D93A9BE588EE49F82.aspx 

Agentes de la Policía Nacional de Córdoba han detenido a dos personas de nacionalidad rumana, G.C.M., varón de 36 años, y M.L., mujer de 34 años, ambos pareja sentimental y domiciliados en Córdoba, como presuntos responsables de amenazas, coacciones contra una compatriota, a la que además obligaron a prostituirse.   Según informó la Policía en un comunicado, la víctima, E.S.G., de 23 años de edad y, al parecer, pariente de M.L. viajó hasta Córdoba desde Rumanía tras recibir una oferta de trabajo por parte de la mujer detenida que consistía en la asistencia domiciliaria a personas de la tercera edad.

Dado que la víctima carecía de recursos económicos, M.L le prestó una cierta cantidad de efectivo para trasladarse a ésta ciudad. A su llegada a Córdoba, según los hechos denunciados, pudo comprobar que tal trabajo no existía y que ante todo debía pagar la deuda contraída, ofreciéndole M.L. la posibilidad de trabajar en algún club de alterne ejerciendo la prostitución. Debido a esta situación de precariedad económica y personal, ya que a su cargo tiene un hijo pequeño en su país, además de tener que pagar los gastos de alojamiento, tuvo que aceptar la propuesta y entró a trabajar en varios clubes de alterne, siempre controlada por M.L.

Por otra parte, para garantizar el pago de la deuda y los gastos, así como para exigirle una parte de lo que ganaba con la prostitución, G.C.M. se apoderó de su documentación rumana y otros documentos personales.

Cuando la víctima se desvinculó de la prostitución por iniciar una relación sentimental, decidió marcharse del domicilio que compartía con los detenidos e intentó que le fueran devueltos sus documentos, pero G.C.M. le exigió el pago de una importante cantidad de dinero por los mismos y le amenazó para que no denunciase los hechos.

El pasado día 19 cuando G.C.M. se citó en un local público con la actual pareja de la víctima para intentar recuperar la documentación de ésta a cambio de una transacción económica, funcionarios policiales procedieron a su detención y cacheo, siéndole ocupada la Carta de Identidad retenida. Posteriormente se procedió a la detención de M.L., y ambos fueron puestos a disposición judicial.

http://www.europapress.es/00279/20080225174628/cordoba-sucesos-policia-detiene-dos-rumanos-obligar-compatriota-prostituirse.html 

10/12/2007

Antonio F. de la Gándara
Las Palmas de Gran Canaria

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas hizo pública este mediodía la sentencia que condena al violador múltiple Malek Moussa Sabri, de 29 años, a un total de 48 años y 15 meses de prisión como autor de tres delitos de violación, un delito de lesiones, un delito de coacciones, un delito de robo con intimidación, un delito de detención ilegal y tres faltas de lesiones. El fallo determina que el acusado permanecerá en prisión efectiva íntegra un mínimo de 20 años, el máximo legal permitido por el Derecho Español. Esto significa que no comenzará a obtener beneficios penitenciarios hasta que pasen los cuatro lustros.

La sentencia impone al acusado tres penas -una de 9 años y otras dos de 13 años y seis meses- por los tres delitos de violación que se han considerado probados, tres años por un delito de lesiones, un año y cinco meses por un delito de coaciones, cuatro años por un delito de robo con intimidación, cinco años por un delito de detención ilegal y penas de multa por las faltas de lesiones.

El fallo, susceptible de recurso, considera probado que el acusado atacó a cinco mujeres de Las Palmas de Gran Canaria entre enero y mayo de 2005, dos de ellas menores, aunque reconoce que en dos casos no consumó ningún ataque de índole sexual. Así, la sentencia absuelve a Malek Moussa de un delito de agresión sexual en grado de tentativa y de un delito de detención ilegal que le imputaba el fiscal.

En concepto de responsabilidad civil, el fallo dispone que el acusado abone indemnizaciones que superan los 90.000 euros a cuatro de las víctimas, ya que la quinta renunció a cualquier tipo de rescarcimiento. Igualmente, dispone la Sala la prohibición de que el acusado se acerque o se comunique con las víctimas más allá del tiempo de condena.

Según la Sala, el acusado no es marroquí, como hasta ahora se había afirmado. Expone la sentencia que nació en Sarthe (Francia) en 4 de junio de 1978.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=76128

Santa Cruz de Tenerife, 24 (EP/IP)
Policías adscritos al Grupo II de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades (Ucrif), de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de esta capital han procedido a la detención de dos ciudadanos marroquíes que retenían a cuatro mujeres de la misma nacionalidad en un chalet de El Sauzal, sin dinero, ni comida, amenazándolas con la expulsión del país si se atrevían a abandonar la vivienda.

Las primeras informaciones indicaron la existencia de un chalet sito en el municipio de El Sauzal en el que se encontrarían residiendo cuatro ciudadanas de Marruecos a las que habrían traído a España, con la documentación en regla, a cambio de una importante suma de dinero. Tras diversas investigaciones llevadas a cabo por integrantes del citado Grupo, se pudo determinar el domicilio en el que se podrían encontrar las mujeres, dirigiendo todos los esfuerzos hacia la consecución de un doble objetivo: por un lado, acabar con la precaria situación en la que se pudieran encontrar las inmigrantes, y por otro, poder identificar al posible o los posibles responsables que motivaron esa situación de desamparo.

Como resultado de las gestiones realizadas se pudo determinar que los responsables de los presuntos hechos delictivos que pudieran estar produciéndose serían dos personas con residencia en España, de nacionalidad Marroquí, siendo identificadas como T. Q., de 31 años de edad, y F. E., de 30 años, ambos varones, procediéndose con gran celeridad, por parte del Grupo II UCRIF, a ponerse en contacto con las víctimas del hecho con el fin de conocer, de primera mano, las circunstancias en las que habrían realizado el viaje, así como las condiciones en las que estarían residiendo en España.

Los miembros de la Unidad de Investigación se encuentran una situación deplorable cuando, por manifestaciones de las víctimas, se sabe que las mismas carecen de dinero, alimentos, agua caliente, hacinadas en una habitación, con colchones en el suelo. Tras gestiones posteriores descubren que habían pagado unos 10.000 euros cada una a T. Q.

en Marruecos a cambio de que les trajeran a España a trabajar, circunstancia que se produjo en parte ya que, si bien llegaron con la documentación en regla, no iniciaron actividad remunerada alguna. Hay que destacar que las víctimas se mantenían en el chalet debido a que estaban coaccionadas por los T. Q.

y F. E. , los cuales manifestaban que, si se iban, serían devueltas a Marruecos, alegando que tenían importantes contactos en España, e indicándoles, igualmente, que cuando empezaran a trabajar no cobrarían.

Ante tales circunstancias, los investigadores procedieron a ponerse en contacto con un centro de acogida en el que pudieran hospedarse las cuatro mujeres con el fin de terminar de forma drástica con la dramática experiencia que estaban viviendo, haciéndose tales contactos efectivos de inmediato.

Finalmente la investigación llegó a su término procediéndose a la detención de los dos ciudadanos antes mencionados, siendo imputados por los presuntos delitos de coacciones y contra los derechos de los trabajadores. Las cuatro mujeres se encuentran en un centro de acogida a la espera de una oportunidad de poder iniciar su vida laboral.

http://actualidad.terra.es/provincias/tenerife/articulo/cuerpo_nacional_policia_2055189.htm