Archive for the ‘Delitos contra los derechos de los trabajadores’ Category

El Mundo, HECTOR MARIN, 2008-04-11

Viajaron desde su país – engañados – en busca de una oportunidad. Esa puerta a la esperanza se convirtió en una angustiosa pesadilla. Un piso en el casco antiguo de Castelldefels – de 68 metros cuadrados – se fue una prisión durante siete días para dos hombres rumanos, de 38 y 28 años. Sus captores son cuatro compatriotas detenidos por los Mossos d’Esquadra y ya en libertad con cargos.

Los retuvieron bajo llave en un bajo de la céntrica calle de la Iglesia. Sin pasaportes ni teléfonos móviles, confiscados.Sin comida: «No te daremos nada de comer hasta que no robes lo suficiente», les decían. Los recluidos tenían que saldar una deuda: dos billetes de autobús (Rumanía – Barcelona) pagados por sus anfitriones.

Estos habían tenido enfrentamientos con algunos de sus vecinos, no demasiado sorprendidos por el caso: «Estamos hartos de ellos: llevan un año y medio de borrachera, con la música a tope; han hecho parrilladas en el patio a las tres de la mañana, vivían como en su país de origen», señaló uno de ellos.

El piso era una constante entrada y salida de chicas que ejercían la prostitución en clubs de alterne de Castelldefels, señalaron a este diario fuentes del entorno de los detenidos. Sin embargo, a los detenidos – Nastase B., 30 años; Corneliu P., de 30; Ionut B., 24; y Marian V., 21 – no se les imputa ningún delito de prostitución.Están acusados de extorsión, detención ilegal y falta de lesiones.

Los captores, no satisfechos con obligar a sus compatriotas a robar la ropa que previamente habían seleccionado en centros comerciales como L’Anec Blau o Barnasud, los amenazaban, insultaban y golpeaban. Antes habían sido embaucados telefónicamente. El anzuelo: una falsa promesa de sendos puestos de trabajo como albañiles. La realidad: sus familias, en Rumanía, pagarían las consecuencias si ellos abrían la boca. En sus carnes habían comprobado la contundencia de los golpes de los imputados: recibieron una terrible paliza tras intentar escapar – sin éxito – de su cautiverio.

Uno de los extorsionados fue detenido el 25 de marzo tras ser delatado por el detector antirrobos de un centro comercial, en L’Hospitalet. Al día siguiente, y tras colaborar con los investigadores, fue puesto en libertad con cargos. Sus captores lo esperaban.

Cuatro días después, tras una semana de retención ilegal, los dos hombres aprovecharon un descuido para escapar. Acudieron a la Policía Local de Castelldefels, situada a unos centenares de metros de su reclusión. Las dos víctimas residen ahora fuera de Cataluña, para evitar las posibles represalias. El Consulado rumano y los Mossos les buscan alojamiento, ya que no disponen recursos económicos.

http://mugakmed.efaber.net:3000/noticias/noticia/141778

08/04/2008

ZARPA III, más de 70 policías intervienen en la última fase del operativo.

Ésta es la tercera fase de una operación que se inició en noviembre del 2006 y en la que, de momento, hay 76 personas detenidas acusadas en su mayoría de trata de seres humanos, entre otros delitos, en Almería, Granada, Lérida y Gerona

Además, han sido detenidas más de 400 mujeres por estancia irregular en nuestro país y víctimas de la explotación sexual, y otras 53 personas han sido imputadas en Rusia

Desde el 2006, la organización habría enviado a Rusia más de 2.000.000 euros por las víctimas explotadas, dinero que era remitido utilizando testaferros u hombres paja

Las mujeres eran recluidas en pisos “patera”, bajo estrictas normas y la amenaza de sanciones económicas si se incumplían

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado la mayor red de tráfico de mujeres rusas para su explotación sexual y cuyo destino final era España y otros países de la Unión Europea. En esta última fase de la operación ZARPA han participado más de 70 policías y ha concluido con la detención 24 personas acusadas de delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, agresiones sexuales o blanqueo de dinero, entre otros. Además, 60 mujeres han sido detenidas por infracción a la Ley de Extranjería en distintos clubes de El Ejido y Roquetas de Mar (Almería).

Esta investigación policial comenzó en noviembre de 2.006 y, de momento, hay ya 76 personas detenidas imputadas en diversos delitos relacionados con la trata de mujeres y su explotación sexual en las provincias de Almería, Granada, Lérida y Gerona. Además, cuatrocientas personas, en su mayoría mujeres, han sido detenidas por estancia irregular y otras 53 han sido imputadas en Rusia como miembros de esta organización criminal cuya única finalidad era el lucro obtenido con la trata de mujeres desde Rusia para su posterior explotación sexual en España y otros países de la unión europea.

La operación ZARPA I se desarrolló en el mes de abril de 2007, en junio de ese año concluía ZARPA II y a comienzos del presente mes los agentes ponían en marcha el ultimo dispositivo policial para detener al resto de miembros de la mayor red de trata de mujeres. Esta fase ha sido posible gracias a los numerosos datos, indicios, pruebas, declaraciones y denuncias de víctimas obtenidas por los investigadores en las fases precedentes. Así se han destapado nuevas ramificaciones de la organización en la provincia almeriense, relacionadas con establecimientos de ocio nocturnos dónde las mujeres eran explotadas sexualmente.

Blanqueo del dinero

Los investigadores de las distintas UCRIF han determinado que esta red criminal en España estaba compuesta por parejas sentimentales o matrimonios hispano-rusos, a su vez propietarios o explotadores de los locales públicos de alterne. El hombre era generalmente el encargado de la gestión del local y su pareja la responsable de contactar con los traficantes o captadores de víctimas y controlar a las mujeres explotadas sexualmente.

Como norma general, el pago por cada víctima se realizaba mediante envíos monetarios a Rusia, donde aparecen diferentes remitentes y beneficiarios. Cada envío no superaba nunca los 3.000 euros para evitar ser fiscalizados por las autoridades monetarias rusas o españolas. Según los análisis de los investigadores, desde el año 2006 hasta la fecha actual, el dinero remitido a Rusia por la red podría superar los 2.000.000 de euros.

La organización había creado entidades societarias, mediante testaferros u hombres de paja, para gestionar y dar apariencia de legalidad a la actividad ilícita desarrollada en los clubes o locales de alterne. Blanqueaban el dinero obtenido irregularmente mediante la compra de numerosos bienes muebles e inmuebles que constan en los registros de la propiedad a nombre de los imputados como integrantes de la organización en España.

Estas sociedades permitían a su vez que miembros de la organización criminal de origen ruso obtuvieran permisos de residencia y trabajo en España, acreditando ante la Administración el requisito imprescindible de la oferta o precontrato de trabajo a nombre de dichas empresas.

Retenidas en pisos “patera”

Las declaraciones de las víctimas y los registros practicados demuestran que las mujeres eran tratadas como simple “mercancía” para la obtención de beneficios económicos por y para los explotadores. Hechos que quedan evidenciados al observar los domicilios o pisos “patera” donde alojaban a las víctimas. Las viviendas eran convertidas en “almacenes de personas”, en las que cualquier espacio físico era utilizado como dormitorio, acoplando en cada habitación el máximo número de camas con la finalidad de albergar al mayor número posible de mujeres. En alguna vivienda de tres dormitorios los agentes llegaron a contabilizar hasta trece camas. Además, las mujeres debían respetar unas normas ineludibles bajo la amenaza de “multas” económicas.

La investigación continúa abierta.

Locales registrados

CLUB “CARAMBOLA”, El Ejido (Almería)

CLUB “CANELA”, Roquetas de Mar (Almería)

CLUB “MANHATTAN”, El Ejido (Almería)

CLUB “H2”, El Ejido (Almería)

Efectos intervenidos

Siete vehículos de las marcas Mercedes, Chevrolet, BMW, KIA y Renault.

Dos furgonetas de Volkswagen.

Dos armas largas, de calibre 12mm, y abundante munición.

Dos cámaras de vídeo.

Cuatro cámaras digitales de fotografía.

Un aparato de descarga eléctrica con funda negra.

Numerosos pasaportes rusos, todos ellos de mujeres jóvenes de esa nacionalidad.

Diversa documentación de identidad.

Dos ordenadores portátiles y dos CPU.

Múltiples billetes de avión.

Cuantiosos resguardos de envíos de dinero a Rusia.

Todo tipo de documentos y efectos probatorios que corroboran la actividad ilícita desarrollada.

123.000 euros en billetes de distinto valor y moneda extranjera.

http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ultimos_comunicados/np040801.html

Europa Press

LLEIDA, 7 (EUROPA PRESS) – Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) detuvieron el viernes en un club de alterne de Fonolleres (Lérida) a siete personas, cinco de ellas prostitutas, e identificaron a otras 52, entre ellas 35 prostitutas.

A dos de los detenidos, el dueño del local –de 53 años y nacido en Badajoz– y el encargado —un rumano vecino de Tàrrega (Lleida)–, se les inculpa por un delito contra los derechos de los trabajadores, por favorecer la inmigración ilegal, y otro delito de prostitución.

Según informó hoy la Subdelegación del Gobierno, el resto de detenidos son cinco mujeres brasileñas de entre 19 y 49 años, acusadas de incumplir la ley de extranjería.

En la operación, que tuvo lugar la noche del jueves al viernes en un local situado en el kilómetro 512 de la carretera N-II, los agentes identificaron a seis trabajadores, once clientes y 35 mujeres que trabajaban en el club, informó hoy la Subdelegación del Gobierno de Lleida. De ellas, 17 son brasileñas, 13 rumanas, cuatro nigerianas y otra española.

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080407/tes-detienen-a-cinco-prostitutas-e-ident-44b36e8_1.html

Las F.O.P han detenido a tres súbditos pakistaníes que regentaban restaurantes ‘Doner Kebab’ en Gipuzkoa como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Los acusados explotaban laboralmente a inmigrantes en situación irregular, de los cuales once “han sido rescatados”.

Donostia * E.H
Los tres detenidos, Yousaf B., Zulfiqar A. y Nisar A., regentaban restaurantes tipo ‘Doner Kebab’ “como forma de blanqueo de las ganancias obtenidas a través del tráfico ilegal de personas, explotación laboral en obras y alquileres abusivos en pisos “patera” en los que eran alojados los trabajadores en unas condiciones infrahumanas”.
Las detenciones se llevaron a cabo a lo largo de los últimos días tras la inspección de seis restaurantes, dos en Errenteria y cuatro en Donostia.
Precisamente, en el restaurante ‘Doner Kebab’ de la calle Miracruz 28 de la capital guipuzcoana las F.O.P halló una estancia utilizada como “piso patera” en la que se incautaron diez colchones, un aseo, una nevera y un televisor.
Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Por su parte, a los once trabajadores en situación ilegal en el estado español, de los cuales seis son de origen pakistaní y cinco sudamericanos, se les ha aplicado la normativa vigente en esta materia.
Los funcionarios no han dado por finalizadas las actuaciones policiales “hasta el total esclarecimiento de los hechos”, ya que no descartan la existencia de otras personas implicadas en este tipo de actividad ilegal.

http://sareantifaxista.blogspot.com/2008/04/en-donostia-y-errenteria-explotan.html

Los arrestados, de origen africano, eran agricultores en un campo de Onda. Fueron hallados cuando circulaban todos juntos a bordo de una furgoneta.

03/04/2008 REDACCIÓN

El Cuerpo Nacional de Policía de Castellón detuvo el martes a nueve personas por un presunto delito de falsedad documental y usurpación del estado civil. A la responsable del grupo, una mujer de nacionalidad ecuatoriana que era cap de colla de un campo de Onda, se le imputa además un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que transportaba en una furgoneta a ocho hombres con documentación falsa.

La detención se produjo en la tarde del martes, durante la ejecución de un dispositivo de control rutinario llevado a cabo en la estación de autobuses de Castellón. Los agentes dieron el alto a la furgoneta en la que viajaban las nueve personas y, tras pedirles la documentación, la mujer aportó una relación completa de los trabajadores, con sus respectivos nombres y números de NIE.

FOTOS ARRANCADAS Los arrestados mostraron sus certificados NIE, algunos de los cuales contenían fotografías que no se correspondían con su apariencia o en los que se notaba que la instantánea original había sido arrancada y sustituida por otra. Este hecho fue apreciado por los agentes, por lo que fueron trasladados todos hasta la comisaría, donde comprobaron que los documentos eran falsos, ya que la huella dactilar impresa no era la correspondiente a ninguna de las que tenían los trabajadores. Los ocho hombres, que tienen su residencia habitual en Valencia, proceden de países como Mali, Senegal, Sudán y Costa de Marfil, y trabajaban en un campo de cultivo de Onda.

La policía ha abierto diligencias contra los detenidos y ha tramitado sus expedientes de expulsión. Hoy serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=370047

La mujer es de nacionalidad ecuatoriana y conducía el vehículo en el que viajaban todos ellos mientras que los hombres son todos de origen africano y de naciones diversas como Malí, Senegal, Sudán y Costa de Marfil. Todos ellos tienen su residencia en Valencia, y según manifestaron, se encuentran trabajando en el campo en la localidad de Onda (Castellón). La mujer, además, como responsable de todos los individuos ,es acusada de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La detención se produjo durante la ejecución de un dispositivo de control llevado a cabo en la estación de Autobuses de Castellón este martes.

La mujer aportó una relación de los trabajadores de los que era responsable con sus respectivos nombres y numeros de NIE. Además, los hombres mostraron sus certificados de NIE, las fotografías de los cuales, en varios casos, no se correspondían con las cartas de los individuos que los portaban, por lo que fueron trasladados todos ellos hasta la Comisaría al objeto de realizar las pertinentes averiguaciones.

Una vez en la Comisaría, se pudo comprobar que los documentos de todos los varones eran falsos y no correspondía la huella dactilar en ellos impresa con las de los individuos que los portaban, así como que la fotografía en muchos de los casos tampoco se correspondía, aunque en otros sí se observó que la fotografía había sido colocada en el documento tras haber arrancado la fotografía original.

A todos ellos se les ha abierto diligencias y, además, su correspondiente expediente de expulsión, y serán puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia mañana, según las mismas fuentes.

http://www.panorama-actual.es/noticias/not254620.htm

AGENCIAS. 02.04.2008

  • Al menos cien expedientes presentan irregularidades.
  • El principal sospechoso es un funcionario de la Oficina de Extranjería.
  • Los investigadores no descartan que haya más implicados, incluso a niveles superiores.
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La Policía ha detectado un centenar de expedientes irregulares en la tramitación de permisos de residencia para extranjeros en la Oficina de Extranjería de Palma a raíz de una investigación iniciada hace más de medio año, según informa hoy el Diario de Mallorca.

Las investigaciones comenzaron en 2007 tras descubrir varios casos de falsificación de contratos laborales

El supuesto fraude habría salido a la luz gracias a una actuación conjunta de la fiscalía, un juzgado de instrucción de Palma y los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) del Cuerpo Nacional de Policía.

Las investigaciones comenzaron en 2007 tras descubrir varios casos de falsificación de contratos laborales que eran utilizados para obtener permisos de residencia.

De momento, según asegura la citada fuente, las averiguaciones llevadas a cabo han revelado que hasta ahora hay al menos cien expedientes con irregularidades, lo que hace suponer que el presunto fraude es mucho mayor de lo que se sospechaba inicialmente.

Funcionarios bajo sospecha

Si bien, en un principio el sospechoso principal era un funcionario de la Oficina de Extranjería de Palma, que presuntamente habría amañado la documentación, en la actualidad los investigadores no descartan que haya más implicados en el caso, incluso, a niveles superiores.

A este primer detenido se le imputa un delito de falsedad documental, cohecho, favorecimiento de la inmigración ilegal y un delito contra los derechos de los trabajadores. La policía cree que tramitaba permisos de residencia utilizando contratos de trabajos falsos, en los que falsificaba las firmas de los supuestos empresarios, a cambio de dinero.
La policía también ha arrestado a un gestor por su presunta implicación en los hechos. Este profesional debía declarar ayer también en la Jefatura de Palma, en presencia de su letrado. Por el momento, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

http://www.20minutos.es/noticia/365205/0/fraude/permisos/laborales/ 

  • Los Mossos detienen a la propietaria porque empleaba a dos trabajadoras irregulares
  • El centro tenía licencia de ludoteca, no de guardería, y también carecía de seguro
  • Con esta licencia podían acudir 10 niños y se calcula que lo hacían 30

BARCELONA.- La muerte de un bebé de tan sólo cuatro meses ocurrida el lunes por la mañana ha destapado una guardería ilegal situada en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona. Los Mossos d’Esquadra, que investigan las circunstancias del fallecimiento del pequeño, han detenido a la dueña del centro por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que dos de las tres jóvenes que tenía empleadas se encuentran en situación irregular en España.Según han explicado fuentes de la investigación a EL MUNDO, sobre las 10.00 horas del lunes, el hijo de una pareja de nacionalidad boliviana -nacido el pasado mes de noviembre- empezó a ponerse “morado”, por lo que la madre del bebé fue alertada por personal de la ludoteca Winnie de Pooh, situada en los bajos del número 8 de la calle de la Marquesa Caldes de Montbuí, de Barcelona. Hasta el establecimiento se trasladó una ambulancia que llevó al pequeño a un centro hospitalario donde todos los intentos por reanimarle resultaron inútiles.

Diversas dotaciones de los Mossos d’Esquadra, que se han hecho cargo de las pesquisas, acudieron hasta la ludoteca e interrogaron a las trabajadoras y a la dueña del establecimiento.

Según han señalado fuentes policiales, este centro obtuvo licencia para ejercer como ludoteca hace escasas semanas. Un vecino del bloque contiguo al centro ha explicado que “hace poco tiempo que está abierta y casi todos los niños que vienen cada día son sudamericanos”.

Un sinfín de irregularidades

Las primeras investigaciones de la Policía autonómica han confirmado que, a pesar de tener permiso como ludoteca desde el mes de febrero, el centro ofrecía servicios de guardería y sus horarios no se correspondían a la actividad para lo que estaba habilitado. Sin embargo, no es ésta, ni mucho menos, la única irregularidad que fue detectada a primera vista.

A pesar de tener licencia para el cuidado de una decena de niños, a este establecimiento acudían diariamente una media de 30 pequeños que eran vigilados por tres trabajadoras. De las tres empleadas, dos estaban en situación ilegal en España y, por ello, los agentes de la Policía catalana procedieron a la detención de la propietaria, Rosa Angélica S. L., de origen peruano.

Dos de las trabajadoras también son sudamericanas y se les ha abierto el pertinente expediente al encontrarse en territorio español sin tener los permisos y documentación en regla, según explicaron ayer las citadas fuentes, que añadieron que por el momento no han sido arrestadas.

Por si fueran pocas las irregularidades, el centro investigado carecía de los seguros pertinentes para esta clase de establecimientos y que deberían cubrir hechos como el que se produjo ayer la mañana.

Los investigadores están a la espera de recibir los resultados de la autopsia que se debe practicar al cadáver del bebé para conocer con exactitud las causas de su muerte. No obstante, fuentes cercanas a las pesquisas han señalado que todo apunta a que el pequeño pudo haber sufrido lo que se conoce como muerte súbita y que es la primera causa de fallecimiento en los países occidentales en niños de entre uno y doce meses.

Desde la Policía autonómica se explicó de forma oficial que se está investigando el caso y que no se descarta hipótesis alguna respecto a la causa de la muerte del pequeño, aunque todo apunta a que pudo fallecer por muerte súbita.

Está previsto que la dueña de esta ludoteca que hacía las veces de guardería sin poseer licencia para esta actividad sea puesta a disposición judicial en las próximas horas. Por el momento, está acusada de un delito contra los derechos de los trabajadores.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/01/barcelona/1207029858.html 

La Guardia Civil ha detenido en León a una persona de nacionalidad búlgara por haber contratado presuntamente de manera irregular al trabajador, también búlgaro, que falleció el pasado domingo al desplomarse el techo de una nave, informaron hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno

El detenido, cuya identidad corresponde a las iniciales L.M.V., fue localizado a última hora del lunes en Valencia de don Juan (León), y se le imputa un delito contra el derecho de los trabajadores y otro de robo, según dichas fuentes.

Al parecer, el detenido contrató de manera irregular a cuatro personas, también de nacionalidad búlgara, para desmontar una nave situada en el municipio de Onzonilla, con la finalidad de aprovechar los elementos y materiales con los que estaba construida.

Durante las tareas del desmontaje, el techo de la nave se hundió y dentro quedaron atrapados los cuatro trabajadores.

El cuerpo sin vida de uno de ellos, T.P.D., de 58 años, fue rescatado del interior de la nave por los bomberos, mientras que otros dos de los trabajadores resultaron heridos de gravedad.

La Guardia Civil inició las investigaciones para determinar los motivos y circunstancias en las que se produjo el accidente y que concluyeron con la detención de L.M.V., que será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número cuatro de León.

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/detenido_contratar_irregular_empleado_murio_2343020.htm

Miércoles, 26 de Marzo de 2008

El sospechoso residía en Valencia de Don Juan y el fallecido en San Esteban de Villacalbiel.
La Guardia Civil le imputa otro delito por no contratar a los trabajadores que sufrieron el percance.
Agentes de la Guardia Civil en León procedieron ayer a la detención de un ciudadano búlgaro de 50 años de edad, residente en Valencia de Don Juan, al que se acusa de dos presuntos delitos, uno de robo y otro contra los derechos de los trabajadores como consecuencia del accidente mortal que tuvo lugar el pasado domingo en una nave abandonada de Ribaseca, en el término municipal de Onzonilla, a causa del cual perdió la vida otro súbdito búlgaro de 58 años de edad, T.P.D.

Los hechos ocurrieron a media tarde del pasado día 23 de marzo. Cuatro personas que se encontraban en el interior de una antigua granja de cerdos ahora abandonada, se vieron sorprendidos por el derrumbamiento de la techumbre, en circunstancias que en un primer momento no parecían muy claras. Otros dos individuos de 48 y 20 años de edad resultaron heridos de gravedad y un cuarto de 39 años sufrió heridas leves. Los dos primeros fueron trasladados al Hospital de León, donde se recuperaban de sus dolencias según las últimas informaciones.

Incumplimiento legal

De la investigación que ha llevado a cabo estos días la Policía Judicial de la Guardia Civil se deduce que el imputado había ordenado presuntamente la realización del desmontaje de la nave de forma supuestamente ilegal, por cuanto a la hora de llevar a cabo los trabajos, las cuatro personas que se vieron sorprendidas por el accidente carecían de los contratos reglamentarios, con lo que se estaba incumpliendo la normativa vigente.

También se le imputará un delito de robo, al considerar que el hecho de desmontar la nave que se realizó sin autorización del propietario según su propia declaración, era con la finalidad de apropiarse de los elementos y materiales que la conformaban, tal y como reza la nota oficial emitida por la Subdelegación de Gobierno de León.

El juzgado de Instrucción número 4 sigue las diligencias correspondientes y el detenido será puesto a disposición de la juez en la jornada de hoy.

EFE. 23.03.2008

  • Los imputados son tres rumanos, un marroquí y una española.
  • El local es el ‘Club del Rey’ de Salteras, en Sevilla.
  • La Fiscalía también solicitará indemnizar por daños morales a una de las prostitutas.

La Fiscalía solicitará el miércoles 16 años de cárcel por delitos de prostitución y contra los derechos de los trabajadores para los cinco encargados de un club de alterne de Salteras (Sevilla), en un escrito de acusación que tiene la particularidad de exigir su clausura indefinida.

El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, solicita para tres rumanos, un marroquí y una española 16 años de cárcel a cada uno, porque supuestamente contactaban con chicas rumanas y, una vez en España, les retiraban el pasaporte para dejarlas indocumentadas e impedir que salieran del local.

El juicio contra los encargados del “Club El Rey”, situado en la carretera de Extremadura de Salteras, estuvo fijado para el pasado mes de febrero pero fue aplazado hasta el 26 de marzo porque faltó una de las procesadas.

El fiscal solicita, junto a las penas de cárcel, la “clausura indefinida” del pub, según prevé el Código Penal para los establecimientos que sean utilizados para cometer delitos contra la libertad sexual.

Según la Fiscalía, la acusada rumana F.N.C. viajó en noviembre de 2003 a su país y allí contactó al menos con una chica, a la que prometió trabajo y consiguió introducir ilegalmente en España junto con otras mujeres, que fueron trasladadas al “Club El Rey”.

Esta acusada, junto a la también rumana I.B., quitaron el pasaporte a las chicas “a fin de dejarlas indocumentadas e impedir que pudieran salir del local”, sostiene la Fiscalía.

Esta chica, que está amparada por la Ley de Protección de Testigos y va a declarar por videoconferencia en el juicio, sostiene que una vez instalada en el local, la obligaron “mediante amenazas y una vez mediante agresiones” a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero con los clientes del club.

Los tres rumanos procesados “ejercían el control directo sobre las chicas que trabajaban“, mientras que la española y el marroquí imputados eran encargados de “recoger el dinero obtenido” por las jóvenes.

Junto a las condenas de cárcel, el fiscal solicita que los imputados indemnicen a la joven rumana en 24.000 euros por los daños morales causados.

http://www.20minutos.es/noticia/362055/0/prostitucion/carcel/cierre/

21.03.2008 – AGENCIAS

La Guardia Civil ha detenido a 12 personas y ha desarticulado una red organizada dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes, cuyo núcleo principal se encontraba afincado en Almería, con ramificaciones en otras tanto en Málaga como Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, dedicada a la inmigración ilegal desde el norte de Marruecos a España.

Según informó la Benemérita en un comunicado, la organización fletaba embarcaciones con inmigrantes con destino a costas peninsulares, principalmente por las costas de Cádiz, ocupantes a los que después vendían contratos de trabajo con los que confeccionaban dossieres que presentaban ante la Administración en solicitud de permisos de residencia y trabajo en España.

Como resultado de la Operación ‘Balisa’ iniciada en 2007, la Guardia Civil procedió a la detención de un total de doce personas de nacionalidades española y marroquí, que han sido acusados de los delitos de estafa, falsificación de documentos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, siendo además tres de los detenidos acusados de un delito contra la libertad relativos a la prostitución.

Durante la operación, el Instituto Armado practicó diez registros domiciliarios en distintos puntos de las provincias de Almería y Málaga, en las que fueron incautados numerosos documentos, material informático, dinero y pruebas incriminatorias de la actividad ilegal investigada.

Embarcaciones

El ‘modus operandi’ era que una parte de la organización, previo pago convenido, captaba y reclutaba en Marruecos a inmigrantes que introducían en la península, mediante embarcaciones neumáticas y, una vez en España, los inmigrantes -entre los que se encontraban menores de edad- eran trasladados a otras provincias, donde otra parte del grupo integrante de la red les facilitan documentos falsos o falsificados para presentar las solicitudes de residencia.

Por las documentaciones recibidas, fueron abonadas a la organización cantidades que oscilaban entre 150 y 350 euros. Entre estos documentos, eran vendidos contratos de trabajo, a través de varios empresarios de empresas instrumentales de escasa actividad, por importes de entre 800 a 1.000 euros.

http://www.diariosur.es/prensa/20080321/malaga/desarticulan-trafico-inmigrantes-ramificaciones-20080321.html

La Policía Nacional ha detenido a tres personas pertenecientes a un grupo organizado que se dedicaba a introducir en España a mujeres de nacionalidad rumana para su posterior explotación sexual en clubes de la provincia de Badajoz.


funcionarios de la UCRIF-Central de Madrid y de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Badajoz han desarticulado un grupo organizado dedicado a la introducción de mujeres de nacionalidad rumana, para su posterior explotación sexual en clubes de la provincia de Badajoz

Según informa el Cuerpo Nacional de Policía en nota de prensa, el pasado lunes, las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia presentada en las dependencias de la Brigada Central de Redes de Inmigración por una ciudadana rumana a quien le fue otorgada la calidad de Testigo Protegido en aras a salvaguardar y proteger su identidad.

Esta mujer manifestó que fue captada en su localidad de residencia por una compatriota que le propuso acompañarle a España con la finalidad de cuidar a su hijo pequeño, por lo que le pagaría la cantidad de 400 euros. La testigo aceptó la propuesta de dicha mujer, la cual le pagó todos los gastos relativos al traslado y viaje hasta España, teniendo que devolvérselo cuando obtuviese las primeras ganancias en el cuidado del hijo.

Relata la Policía Nacional que al llegar a Madrid, esta mujer fue trasladada hasta la localidad de Mérida, donde le retiraron ‘por su fuerza’ de sus documentos, y le obligaron a trabajar ejerciendo la prostitución en el club de alterne situado en la carretera N-V, en el término de Arroyo de San Serván.

Según le dijeron, esta mujer habría contraído una deuda económica con ella que debía satisfacer como consecuencia de haberle sufragado todos los gastos derivados de su traslado hasta España, informa la Policía Nacional.

Posteriormente el gerente, ‘aprovechándose de la situación de especial vulnerabilidad y necesidad de la victima, procedió a exigirle coactivamente durante seis meses que ejerciera la prostitución en su club, en un régimen de esclavitud, sin poder descansar ningún día, siendo obligada a prostituirse’.

Una vez transcurridos los seis meses referenciados, la testigo logra huir y escaparse del club, presentándose en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía denunciando los hechos.

Durante el desarrollo de la operación policial se han detenido a tres responsables de la organización, por los delitos de detención ilegal, relativos a la prostitución, contra la integridad moral, amenazas, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y contra el derecho de los trabajadores.

Los detenidos son JJ.S.M. de 59 años, IP.A.M. de 33 años y V.G.V. de 47 años. También fueron detenidas tres mujeres por infracción a la Ley de Extranjería, que se encontraban ejerciendo la prostitución en el interior del club, y una cuarta, por tener una Orden de Extradición en vigor.

http://actualidad.terra.es/provincias/badajoz/articulo/detenidos_badajoz_miembros_grupo_dedicado_2325056.htm

El Ministerio Fiscal ha solicitado doce años de prisión para G.I.G., un ciudadano rumano a quien se juzga mañana acusado de introducir en España, a cambio de dinero y de forma clandestina e ilegal, a compatriotas, con algunos de los cuales mantenía una actitud de continuo control económico.

Según la calificación del Ministerio Público, el imputado, a quien se considera autor de dos delitos contra el derecho de los trabajadores, uno de lesiones y otro contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, será juzgado mañana tras el aplazamiento que sufrió en septiembre por la incomparecencia de uno de los testigos, en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.

El fiscal precisa que en Motril (Granada) la Policía pudo detectar la presencia del acusado, quien desde finales de 2003 facilitó y favoreció de manera continuada el tráfico ilegal y la inmigración clandestina.

El imputado, según el Ministerio Fiscal, es la persona de contacto en España para numerosos compatriotas, quienes desde Rumanía y con la intención de entrar al país acudían al acusado para que les facilitara todos los trámites necesarios, no sólo para efectuar el viaje sino para, una vez llegados, solucionar su estancia y poder trabajar.

Todo ello se producía previo pago de cantidades que oscilaban desde los 600 a los 1.300 euros, dependiendo del grado de “ayuda” prestada y la vinculación del acusado en la actividad clandestina.

De esa forma, y tras contactar los inmigrantes con G.I.G. normalmente por teléfono, se ponían en marcha sus servicios, les organizaba el viaje, con información de horarios e itinerarios, y les recibía en la estación de autobuses.

A continuación, y una vez les retiraba el pasaporte rumano, los transportaba en su vehículo hasta su propio domicilio, donde los inmigrantes residían hasta que le pagaban la deuda contraída por la gestión del viaje.

http://www.radiogranada.es/modules.php?name=News&file=article&sid=43808

Tenerife/ Miembros de la Policía Local de Santiago del Teide y efectivos del Grupo de Investigación de Extranjería (G.I.E.) de la Comisaría Sur de Tenerife iniciaron una investigación sobre dos ciudadanos de origen extranjero. Concretamente una mujer (G.M.S.M.), de origen Argentino y un hombre (P.M.D.K.), natural de Uruguay, quienes habían tratado de solicitar una serie de ayudas sociales a través del Ayuntamiento de Santiago del Teide.

Tras realizar diversas indagaciones, miembros de la Policía Local de Santiago del Teide pudieron verificar que los extremos que se aseguraban en las solicitudes de ayudas sociales realizadas por los ciudadanos extranjeros no coincidían con la realidad comprobada por los agentes de la Policía Local de este municipio.

Una vez informados, los miembros del G.I.E de la Comisaría Sur de Tenerife procedieron a la detención de ambos ciudadanos por los delitos de falsedad documental, estafa y contra el derecho de los trabajadores, tras realizar las investigaciones necesarias para corroborar estos hechos.

Asimismo, se descubrió que P.M.D.K. residía ilícitamente en la actualidad en territorio nacional, por lo que se procedió a la incoación de un expediente administrativo de expulsión.

http://canarias24horas.com/index.php/2008031246594/sucesos/dos-detenidos-en-santiago-del-teide-por-diversos-delitos-para-su-posterior-expulsion.html

ELA ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a un constructor por emplear a dos inmigrantes «sin darles de alta en la Seguridad Social y pagarles un salario inferior a lo que fija el convenio», según la central. Al parecer, uno de los peones sufrió un accidente el 10 de enero en Peñacerrada pero, como carecía de seguro, no fue trasladado a un hospital, sino a la casa de un amigo para ser curado de un «fuerte» golpe en la cabeza.

«Al apoyarme en una reja sin asegurar me caí de una ventana», explicó a EL CORREO el paraguayo Rubén Dario. Además, apenas recibió «800 euros por tres meses de trabajo».

Patricio Agreda, un autónomo de nacionalidad ecuatoriana que dirige reformas en casas particulares, reconoció haber contratado a los dos inmigrantes. «Lo hice para ayudarles», afirmó para agregar a continuación que ya ha saldado la deuda que tenía con el peón accidentado. Pretende abonar «en breve» los 7.000 euros que debe al segundo operario. «Estoy a la espera de cobrar por una obra», dijo.

Abusos

Para la central sindical, Inspección de Trabajo debe actuar ante casos como éste. «No puede ser que las empresas o trabajadores autónomos se comporten a su libre albedrío», afirmó Roberto Salgado, portavoz ELA en el sector de la construcción.

Al parecer, es frecuente que las pequeñas compañías del sector «abusen» de la situación de inestabilidad laboral y personal en la que se encuentran los inmigrantes. «Muchos no se atreven a denunciar los abusos porque carecen de papeles y temen ser repatriados a sus países de origen», explica. Salgado pidió, además, que se «refuercen» los controles a pie de obra.

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080310/alava/denuncia-constructor-contratar-forma-20080310.html 

Una versión resumida de este reportaje se ha publicado el domingo 2 de marzo en la edición impresa de La Vanguardia. Es una historia de parias, vilezas y dignidades en una sociedad, en este caso la catalana, que mira hacia otro lado. El gitano, que hasta ayer era el más débil, explota al hondureño recién llegado para beneficio de un patrón que asegura no saber nada.

El triunfo en las elecciones parlamentarias del domingo 8 de marzo se decidirá, en gran parte, sobre “el problema” de la inmigración. Los aspirantes a La Moncloa tratan de ganar votos sobre la demagogia y el sufrimiento de víctimas como Jaime Gerardo García Vázquez.

Barcelona. Martes, 26 de febrero, 2008
El fallecimiento por asfixia de un vigilante en una obra de Sant Cugat a finales de enero ha puesto al descubierto una red de contratación ilegal de inmigrantes destinados a la vigilancia de obras en la periferia de Barcelona, con trabajos confirmados, por lo menos, en Esplugues y Molins de Rei. Los Mossos d”Esquadra detuvieron el lunes a dos responsables de la empresa de vigilancia Los Salazar, que han pasado a disposición judicial. Uno de ellos, Richard Salazar, ha quedado en libertad, pero acusado de homicidio imprudente. Se desconoce, por el momento, el número de inmigrantes afectados.

Jaime Gerardo García Vázquez, la víctima, de origen hondureño, desempeñaba, como sus otros colegas en la empresa Los Salazar, uno de esos trabajos que sólo aceptan los inmigrantes obligados a decir que sí a todo. Jornadas de trece horas diarias, de siete de la tarde a ocho de la mañana, más todos los fines de semana completos, desde las siete de la tarde del viernes a las ocho de la mañana del lunes. El sueldo eran 700 euros mensuales. El contrato verbal no garantizaba, sin embargo, que pudieran ser cobrados. Su oficina era una vieja caravana, sin agua, sin luz y sin calefacción.

El 29 de enero, víspera de su muerte, Jaime Gerardo García Vázquez cobró su primer sueldo como vigilante de la obra que la promotora Forcimsa ejecuta en unos terrenos de Mira-sol, en Sant Cugat, conocidos como Can Ametller: “21.500 metros cuadrados de oficinas ejecutadas en carpintería de aluminio y acabada la fachada con hormigón visto”, según la web de la compañía.

Richard Salazar, su jefe, le dio quinientos euros. Dos cientos ya se los había adelantado unos días antes. Estaba contento. Llamó a Héctor, hermano, como él, en la iglesia Nazareno de Cornellà, para contárselo. Después de varios meses agrios, con trabajos esporádicos como paleta que no siempre cobraba, por fin podría enviar dinero a casa. En Tegucigalpa tenía esposa y dos niñas de cuatro y catorce años. La menor con un soplo en el corazón.

La noche del 29 al 30 de enero fue fría, con dos grados de mínima. Hacía días que las temperaturas mínimas oscilaban entre los cero y los cuatro grados. Jaime Gerardo, que no soportaba bien el frío, hacía un fuego en una barbacoa junto a la caravana, instalada en la parte alta de la obra. Se sentaba en un gran tronco, con las brasas delante, y contemplaba el paisaje del desarrollo suburbano de Barcelona. En primer término, Can Ametller, una masía del siglo XIV reconvertida en restaurante de cocina típica y colocada junto a la AP-7, un autopista de doce carriles. Más allá, en dirección suroeste y con Collserola como telón de fondo, uno de los proyectos urbanísticos más importantes de Cataluña: el Augusta Business Park, un complejo de oficinas pensado para empresas de alta tecnología y con ambición de convertirse en uno de los motores de crecimiento del país. Las casas unifamiliares se extienden alrededor. Las torres de alta tensión trazan líneas rectas y panzudas sobre el territorio.

Cada noche Jaime Gerardo daba un par de vueltas por la obra. Tenía un palo, pero le faltaba una linterna. Salazar le había recomendado que utilizara la luz del móvil y que se dejara de heroísmos: si veía algo sospechoso debía llamar a la policía y salir corriendo.

Salazar y su esposa Janette Fernández Giménez dirigen la compañía de vigilancia Los Salazar. A Forcimsa le cobran 3.500 euros al mes por vigilar Can Ametller y otra obra en Esplugues. El contratro, según asegura un portavoz de Forcimsa, está en regla. En él figuran, como vigilantes, nombres de trabajadores con la documentación correcta. Ellos no son, sin embargo, los que realizan el trabajo. “Eso no puedo asegurarlo –reconoce el portavoz-, porque nos solapamos. El vigilante entra cuando nosotros plegamos. Él debe procurarse, además, todo lo que necesita para hacer su trabajo”.

La vigilancia de las obras en Cataluña hace años que está controlada por familias gitanas. Lo que empezó como una extorsión al promotor se convirtió después en un negocio legal, donde, sin embargo, prolifera el engaño. Las compañías promotoras, como Forcimsa en este caso, pagan lo que les piden los clanes gitanos y se desentienden. Los Mossos afirman que, sin una denuncia, no pueden saber si el promotor firma bajo extorsión.

“Ellos se encargan de todo. Colocan la bandera de la comunidad gitana en la valla y eso basta para disuadir a posibles ladrones –comenta un promotor con decenas de obras a cuestas en Cataluña-. Contratar la vigilancia con una compañía más profesional cuesta un 40% más y, al tener a los gitanos en contra, hay pocas garantías de que no te vayan a robar”.

Inmigrantes como Jaime Gerardo, sin papeles y sin más profesión que la albañilería, constituyen una mano de obra idónea para emplearla en una obra. El 26% del personal empleado en la construcción en Cataluña es inmigrado, en su gran mayoría de América Latina. La construcción, además, es el sector con más riesgos laborales. Un tercio de las 106 muertes por accidentes en el puesto de trabajo ocurridas en Cataluña en 2007 sucedieron en una obra. La Generalitat paralizó el año pasado 226 centros de trabajo en los que existía un riesgo inminente de accidente: el 94% de estas paralizaciones afectó a la construcción.

Jaime Gerardo consiguió el empleo en Can Ametller a través de Jarvin, un compatriota: “Llevaba tres meses y medio vigilando la obra de Rubí cuando, a principios de enero, Salazar me trasladó a la obra de Esplugues. Jaime Gerardo ocupó mi puesto. A pesar de las promesas de que tendría un contrato, el acuerdo sólo era verbal. Al morir Jaime Gerardo, Salazar me llamó muy nervioso. Me dijo que no me acercara más por la obra de Esplugues y que ya me pagaría lo que me debía del mes. Aún así, yo fui. Quería hablar con el encargado de Forcimsa. Éste, sin embargo, también me dijo que me fuera, que no tenía papeles y que no podía estar allí.”

Jarvin había tratado en varias ocasiones de mejorar sus condiciones. Salazar se negaba diciéndole que aún tenía suerte “porque en las obras de Molins de Rei tengo a un grupo de moros que no cobra más de 500 al mes”.

“Sé que estamos obligados a trabajar más por menos, pero que no tengamos papeles no quiere decir que no tengamos derechos”, asegura Francisco Vázquez. El viernes 15 de enero, cerca del mediodía, acababa de ver a su hermano en la funeraria Truyols, situada en la avenida Montserrat Roig de Mira-sol, muy cerca de Can Ametller. ∫”Tengo cuatro testigos pero tienen miedo de ir a declarar porque no tienen los papeles en regla. He de conseguir que vean a los mossos, convencerlos de que hay un sistema que, aunque no lo parezca, puede protegernos”.

Jaime Gerardo reposaba embalsamado dentro de un ataúd de cinc. A verlo acudieron varios amigos, que le tocaron el rostro, le hicieron fotos y lloraron de forma contenida. Entre ellos, dirigiendo el grupo, estaba Mauricio, otro hermano, con el que compartía piso en Cornellà: “A menudo decía que si le daban el coste del pasaje se regresaba a Honduras. Echaba en falta a su mujer y sus niñas, y si resistía era por ellas.” Bajo el brazo llevaba una carpeta verde, de gomas, con los papeles que explicaban la parte material de su drama. La abrió para mostrar la factura de la funeraria: 5.122 euros. “Incluye el traslado hasta el cementerio de Francisco Morazán, en Tegucigalpa. No pensamos incinerarlo. Ha de reposar en su tierra. He recaudado una parte entre los amigos, los familiares y la iglesia. El resto lo pediré prestado”. La usura le abrió los brazos. Tardará entre uno y dos años en devolver casi 4.000 euros. El transporte del cadáver por vía aérea ascendía a 2.500. El resto se iba en la caja de cinc (185 €), la mortaja (27 €), la válvula depuradora de gases (46 €), los desodorantes y materiales absorbentes (63 €), el vestir (46 €), el embalsamamiento de 96 horas (558 €) y otros gastos imprescindibles para que el cuerpo llegara en las mejores condiciones a su destino.

“Uno viene acá con anhelos, pero abusan de uno”, reflexionaba Calixto Ordóñez, con la mirada clavada en el suelo de mármol de la funeraria. Miguel Sorto, de la Ascociación Hondureña en Cataluña, sostenía que la mayoría de sus compatriotas que llegan a España sin papeles se ven obligados a trabajar sin garantías ni condiciones y sufren el síndrome de Ulises. “En Cataluña debe de haber entre siete y diez mil hondureños. La mayoría trabaja en la construcción y la restauración, los dos sectores donde es más fácil encontrar algo sin papeles. Los trabajos son duros y mal pagados. Ellos extrañan el hogar y no saben dónde están ni a dónde van. La falta de garantías agrava su vulnerabilidad. Sienten que no sirven para nada, que han fallado a sus familias. Incapaces de enviar dinero a casa, muchos caen en la depresión.”

Fuera de la funeraria Truyols, en el aparcamiento, con vistas a las casas unifamiliares en la otra acera de la avenida Monteserrat Roig, una valla publicitaria de Carme Chacón, candidata del PSC al Congreso, hablaba de la “Catalunya optimista”.

A esta Cataluña quería sumarse Jaime Gerardo cuando, el 7 de diciembre del 2006, llegó a Girona, invitado por una amiga a pasar unos días. Tenía entonces 30 años y el sueño de una vida mejor para él y los suyos. Hasta el día de su muerte desempeñó varios trabajos, siempre en la construcción. Antes del verano, se trasladó a un piso de Cornellà que había conseguido Mauricio, empleado en un restaurante chino. Los restauradores chinos acostumbran a alojar a su personal en pisos de su propiedad que, cuando no utilizan, alquilan a otras comunidades. Este de Cornellà, junto al Corte Inglés, es soleado, con tres habitaciones y seis inquilinos que pagan 150 euros al mes.

Abdia Dolórez Méndez, una de las compañeras de piso, tiene una niña de seis meses. Llegó a España embarazada, para parir. Jaime Gerardo cuidaba al bebé mientras ella hacía faenas en una casa de Sants. Luego preparaba el almuerzo. Le gustaba cocinar: chilaquiles, frijoles, montucas, arroz, verduras, mezclado con una mayonesa picante, queso y plátanos. La comida la metía en tápers que se llevaba a la obra para cenar.

La noche del 29 de enero no llegó a cenar. Metió la barbacoa dentro de la caravana, se acostó sobre un pequeño catre y murió asfixiado. A la mañana siguiente nadie reparó en él. Estaba dentro de la caravana. El vestuario de la obra está pegado a ella y durante todo el día decenas de obreros, casi todos latinoamericanos, pasaron por allí sin notar nada. Al caer la noche, un joven, encargado del mantenimiento en el restaurante Can Ametller y con el que había hablado más de una vez, encontró el cadáver después de llamar a su puerta. El juez ordenó levantarlo a las once de la noche. Hacía, aproximadamente, 24 horas que había muerto.

Una semana después, la caravana seguía en su sitio. Un modelo Adria, fabricado en Novo Mesto, Jugoslavija, un montón de años atrás y propiedad de Los Salazar. La puerta estaba abierta y dentro seguía todo igual: papeles de periódicos en la ventana para frenar el frío, un ejemplar del “20 Minutos” con Rambo en la portada, una vieja novela de Marcial Lafuente Estefanía (“El rancho anclado”), un paquete de café soluble Hacendado, restos de velas, garrafas vacías de agua, un rollo de papel de váter, dos tápers con comida sin abrir, una cabeza de ajos, un bote de salsa picante oriental de ají, pilas AA, un tejano, unas zapatillas deportivas, dos mantas y la pequeña bombona de butano para cocinar. Mauricio hizo un atillo con la ropa que estimó oportuno recuperar. “Apenas me queda nada de mi hermano. De sus efectos, los mossos sólo me dieron el reloj, un anillo y la cartera”.

De la cartera de Jaime Gerardo habían desaparecido los 500 euros que Salazar le dio el mismo día de su muerte, pero no así un billete de 20 y una tarjeta de visita del propio Salazar. Los mossos utilizaron esta pista para tirar del hilo de una investigación que el lunes por la mañana llevó a la detención de Richard Salazar (Cáceres, 1980) en Rubí. Janette Fernández, nacida den Rubí en 1986, fue detenida esa misma tarde como responsable de la compañía. Salazar, que figura como prestador de los servicios de vigilancia, está acusado de homicidio imprudente al ser responsable de las penosas condiciones de trabajo de Jaime Gerardo. Asimismo, está acusado, al igual que Janette, de un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Salarzar, al igual que Forcimsa, sostienen que Jaime Gerardo era un indigente que pasaba por allí y que el vigilante le dejó entrar en la caravana para calentarse. “No se trata de un accidente laboral –sostiene un portavoz de la empresa- sino de una desgracia al margen de la obra. Era un pobre hombre y por querer ayudarle pasó lo que pasó”. Esta teoría, sin embargo, no explica lo de la tarjeta de Salazar en la cartera de Jaime Gerardo y contradice el testimonio de Jarvin.

El proceso judicial abierto por Mauricio, y en el que también ha incluido a las dos hijas de Jaime Gerardo, será largo. “Lo que me indigna de verdad –asegura- es que digan que era un mendigo. No es justo y voy a luchar hasta el final para demostrar que era un trabajador y un hombre honrado”. En este empeño está representado por la abogada Esther Palmés y confía en conseguir una indemnización económica para sus sobrinas.

El código penal, de entrada, castiga con penas de prisión a los que “mediante engaño o abuso de situación de necesidad” imponen a sus trabajadores condiciones laborales denigrantes que suponen una restricción o supresión de los derechos civiles.

Al tiempo que la maquinaria judicial se ponía en marcha en Barcelona, el cadáver de Jaime Gerardo salía de El Prat en un avión de Iberia. Voló el domingo 17 de febrero y tres días después, habiendo hecho escala en Barajas y San José, llegó al aeropuerto de Toncontín de Tegucigalpa. Fue enterrado de inmediato en el cementerio de Francisco Morazán.

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080302/53441568277.html

La Policía Nacional arresta a un hombre y tres mujeres en un local de alterne de Valencia.

02.03.08 – A. CH. VALENCIA
Llegaban a la Comunitat Valenciana con una deuda de 2.000 euros contraída con una organización mafiosa. Pero los ardides delictivos del grupo de delincuentes hacían que, nada más pisar suelo español, las víctimas vieran como la cantidad a pagar se disparaba hasta los 5.500 euros.

La Policía Nacional ha puesto fin a las andanzas de la trama valenciana de esta red internacional dedicada a la introducción de mujeres brasileñas para el ejercicio de la prostitución. Los agentes de la Brigada de Extranjería y Documentación han detenido en Valencia a cuatro de sus miembros, tres mujeres y un hombre, según la Jefatura Superior de Policía.

Las investigaciones de la operación Luna se iniciaron a mediados del pasado mes, cuando los agentes supieron que en un local de alterne de Valencia podía estar explotándose sexualmente a mujeres en contra de su voluntad. La prostitución era el medio fijado por la red para que las mujeres pagaran la deuda generada como consecuencia del viaje a España.

El dispositivo se vio culminado el pasado 21 de febrero, cuando los policías registraron el club. En su interior localizaron 33 gramos de cocaína y 7.000 euros, así como documentación relativa al control que se ejercía sobre la actividad sexual de las mujeres .

Los agentes detuvieron al dueño del local, un joven marroquí de 30 años, y a tres mujeres de entre 20 y 45 años, de origen español, argentino y colombiano. Estas eran las encargadas de controlar a las mujeres que ejercían la prostitución.

La mafia desarticulada empezaba reclamando a las mujeres brasileñas 2.000 euros en concepto de billete de avión de ida y vuelta, reserva de hotel, seguro médico y dinero en efectivo para mostrar en frontera.

Pero una vez en Valencia, la deuda contraída subía a los 5.500 euros. Así, la mitad de sus ganancias en la prostitución iban destinadas a la amortización de la misma.

Las mismas fuentes señalaron que los arrestados, ante cualquier retraso del pago o incumplimiento de obligaciones por parte de las víctimas, les imponían a estas sanciones de hasta 40 euros.

A los detenidos se les acusa de ser presuntos autores de delitos relativo a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores. El propietario del local de alterne está acusado también de un delito contra los ciudadanos extranjeros y contra la salud pública, por la droga hallada en el establecimiento. Desde la Jefatura Superior de Valencia indicaron que las tres mujeres fueron puestas en libertad por la policía tras tomarles declaración, con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridas. Mientras, el hombre pasó a disposición del juzgado de guardia.

Agentes de la Guardia Civil de León detuvieron el pasado martes, 26 de febrero, a cinco personas en distintos clubes de alterne de esta provincia, como presuntos autores de varios delitos, en su mayoría relativos a la prostitución. Al parecer, los detenidos se beneficiaban económicamente del ejercicio de la prostitución de varias mujeres, según informó hoy a Ical la Subdelegación del Gobierno en León.

La Guardia Civil de León inició una operación a principios del mes de diciembre, porque tenía la sospecha de que algunos individuos podrían facilitar la entrada en España de mujeres, sobre todo del este de Europa, para ejercer la prostitución en tres clubes de alterne de la provincia de León, por lo que recibían cantidades de dinero por parte de las propias mujeres como de estos establecimientos.

Los agetnes comprobaron que un joven rumano de 26 años, V.S.L., detenido por un presunto delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros contactaba con mujeres en su país y les ofrecía venir a España para trabajar como prostitutas en distintos clubes de la provincia, propiedad de dos hombres españoles, de 49 y 57 años de edad V.G.A. y J.L.L.P., detenidos como presuntos autores de delitos relativos a la prostitución. También, fueron detenidas dos mujeres de nacionalidad rumana, I.S., de 31 años de edad, como presunta autora de un delito de detención ilegal y otro de receptación y M.R., de 38 años de edad, como presunta autora de un delito de receptación.

Sexto detenido

Además, en el transcurso de la operación también constataron que una mujer estaba retenida en un club en contra de su voluntad, lo que implicó la detención de otra persona, como presunta autora de un delito de detención ilegal y otro de receptación. Los agentes comprobaron que en compañía de la sexta persona detenida existían efectos procedentes de diferentes robos.

Los seis detenidos junto a las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de León.

http://www.diariodeleon.es/inicio/noticia.jsp?CAT=113&TEXTO=100000041171 

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal y a la explotación sexual de mujeres que se ha saldado con la detención de siete personas y la clausura de un club de alterne en Las Palmas de Gran Canaria. Se estima que la banda obtuvo unos ingresos entre 2006 y 2007 de un millón y medio de euros.

La investigación se inició a raíz de los controles realizados por la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Las Palmas, concretamente la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif), ante la constatación de que las casas de contactos de la capital pasaron de ser establecimientos abiertos al público a domicilios particulares en los que actuaban organizaciones criminales.

Resultado del control ejercido, la Policía detectó en las inmediaciones de la calle General Vives un trasiego importante de mujeres de nacionalidad brasileña y de ciudadanos varones que entraban y salían del número 57 de dicha calle. En la casa, conocida como ‘Excita’, los agentes identificaron a varias ciudadanas brasileñas que ejercían la prostitución.

La organización desarticulada contaba con miembros afincados en Brasil, encargados de captar a mujeres jóvenes dispuestas a ejercer la prostitución en España. Una vez seleccionadas, sus fotos eran enviadas por correo electrónico a los dirigentes de la red asentados en Las Palmas a la espera de aprobación.

La cúpula de la organización costeaba todos los gastos de viaje de las mujeres para que pudieran traspasar la frontera española en calidad de turistas, lo que incluía billete de avión de ida y vuelta, dinero en efectivo para constituir la bolsa de viaje y reserva hotelera. A su llegada a Las Palmas, las mujeres eran trasladadas al establecimiento clausurado.

Una vez en el club, las chicas contraían una deuda con la organización equivalente al coste de su traslado a España y que podría rondar los 1.500 euros. Dicha deuda debería ser amortizada con los servicios sexuales que prestasen en el club y en tanto en cuanto no fuera liquidada no recibirían ningún dinero. Además no podían abandonar la casa libremente sin el consentimiento de los responsables del establecimiento.

Según la Policía, todas presentaban un perfil similar: chicas jóvenes, de escasa instrucción, con problemas económicos en su país de origen, con cargas familiares y problemas de deudas, entre otros. Se estima que entre los años 2006 y 2007 la organización introdujo en España a medio centenar de mujeres y obtuvo en torno al millón y medio de euros.

Tras el registro del establecimiento y varios domicilios, los agentes se incautaron de cerca de 6.000 euros en efectivo e identificaron cuatro mujeres que se encontraban en el interior de la casa, tres de ellas fueron detenidas por infracción a la Ley de Extranjería. Por ello, se procedió a la clausura judicial del local.

En total fueron detenidas seis personas acusadas de asociación ilícita, de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y relativos a la prostitución y blanqueo de capitales. Los detenidos, en unión de las diligencias instruidas, pasaron a disposición de la Autoridad Judicial, decretando la prisión de todos ellos.

Estos fueron Carlos A.O., de 35 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria, con varios antecedentes por diversos delitos; Antonio M.S., de 40 años, natural de Suiza, español, asimismo con varios antecedentes; Santiago A.O., de 37 años; Alberto S.G., de 30, ambos naturales de Las Palmas de Gran Canaria; Silvio C.G., de 25, cubano; Bruno, de 25 y Deborah C.V., de 24, ambos brasileños.

http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=11&Itemid=46&idMenu=6&idNoticia=270133 

La Policía Local de Cartagena detuvo, el domingo pasado, a un individuo de nacionalidad marroquí, Mohamed T, de 33 años, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, según informaron fuentes municipales en un comunicado de prensa.

EUROPA PRESS
Los hechos tuvieron lugar a mediodía, cuando los agentes, que se encontraban de servicio por calle Serreta escucharon fuertes golpes y ruidos procedentes del interior de un edificio. Al entrar, encontraron a dos individuos de nacionalidad marroquí trabajando en una obra, por lo que procedieron a solicitarles la correspondiente documentación, comprobando que no contaban con contrato de trabajo.

Esa misma mañana, los agentes hallaron en otro portal, situado a tan sólo unos metros del anterior, otra obra en la que tenían trabajando a otros dos marroquíes, que, al igual que sus compatriotas, se encontraban en situación irregular.

En ese instante, se personó el responsable, que al ser interrogado manifestó que les había contratado porque “no tenían para comer”, por lo que lo detuvieron y lo pusieron a disposición judicial.

http://www.laopiniondemurcia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3261_6_94686__Sucesos-Detenido-individuo-Cartagena-presunto-delito-contra-derechos-trabajadores

EFE. 23.02.2008 – 12:48h

  • Dos empresarios han sido detenidos en El Ejido (Almería) y un tercero en Novelda (Alicante) acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores.
  • Fueron arrestadas acusadas de delitos de falsedad documental, usurpación del estado civil e infracción a la ley de extranjería.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 24 personas en las provincias de Almería y Alicante en una operación contra la contratación de inmigrantes indocumentados y la falsificación de documentos.

Dos empresarios han sido detenidos en El Ejido (Almería) y un tercero en Novelda (Alicante) acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, ya que los contrataban en situación irregular con documentación falsa o que usurpaban la identidad de otras personas, ha informado este sábado en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en Almería.

Nuevos detenidos

Otras 21 personas, de nacionalidades brasileña y china, han sido arrestadas en El Ejido y Torrevieja acusadas de delitos de falsedad documental, usurpación del estado civil e infracción a la ley de extranjería. Además se han intervenido doce cartas de identidad portuguesa e italianas falsas, tres carnés de conducir falsos de esas mismas nacionalidades y seis certificados de NIE también falsificados.

Esta operación policial ha sido desarrollada conjuntamente por las Comisarías Provinciales de Almería y Alicante, junto con la Comisaría Local de El Ejido. Los detenidos han pasado a disposición de los Juzgados de Guardia en donde han sido detenidos junto con las diligencias policiales.

http://www.20minutos.es/noticia/353210/0/detenidos/falsifacion/documentos/ 

Dormían con colchones en el suelo en una casa de Benicalap repleta de suciedad y restos de comida.

23.02.08 – J. A. MARRAHÍ VALENCIA
Tres plantas repletas de máquinas de coser, hilos, tintes, colchones en el suelo, restos de comida podrida, suciedad… Es lo que uno se puede encontrar en el número uno de la calle La Serratella de Valencia, en el barrio de Benicalap. No es un lugar ni para trabajar ni para vivir, sin embargo casi una veintena de inmigrantes chinos hacían ambas cosas en este espacio insalubre convertido en taller textil.

La intervención policial se produjo alrededor de las once de la mañana. Un ciudadano chino intentó huir al ver a varios agentes que estaban realizando un control cerca de la citada calle. Al perseguirlo comprobaron que se escondía en el número 1 de La Serratella. Cuando los agentes de GOES entraron en la vivienda se produjo una verdadera estampida.

En ese momento había aproximadamente 20 chinos trabajando en la planta baja, en una zona con 18 máquinas de coser y planchar. Muchos de los trabajadores que en ese momento se hallaban en el lugar echaron a correr al advertir la presencia policial.

Sólo pudieron retener a tres de los trabajadores y a una pareja, a cuyo nombre figura el local. Se trata de S. F. Ch. y X. F. Ch., de 38 y 27 años de edad. Están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra la Ley de Extranjería. Según indicaron fuentes policiales, presentaron una licencia de actividad que figuraba como cesada, por lo que no podían desempeñar ninguna función industrial en la vivienda.

Sólo al inspeccionar las instalaciones, los policías y un inspector de Sanidad corroboraron las pésimas condiciones de salubridad en las que trabajaban y subsistían los inmigrantes. La casa, una vivienda antigua de tres pisos y terraza tiene el taller en la planta baja.

Desde allí una estrecha escalinata da paso a un segundo piso en el que apenas se puede caminar. Los colchones, ropa, plásticos, embalajes y otros restos llenan cada rincón de varias estancias. Un desagradable olor lo invade todo. En una mesa, se acumulan cáscaras de plátanos, bolsas de comida, restos cárnicos y cubiertos sucios. En un gran congelador, la policía encontró diferentes carnes de dudosa procedencia. Casi todos los productos carecían de etiquetado y algunos ni siquiera tenían embalaje o plástico.

Ante estas evidencias, la policía sospecha que los trabajadores orientales vivían hacinados en el local las 24 horas del día. Un inspector de Trabajo también acudió al lugar, tras la entrada de la Policía Local, para comprobar las condiciones laborales en las que se hallaban los inmigrantes. Después de arrestar a los dos sospechosos y realizar las diligencias, los agentes procedieron al cierre de la planta baja y a solicitar el cese de la actividad.

Un vecino de la calle La Serratella aseguró que los chinos “llevan aproximadamente ocho años establecidos en esa casa”. Según explicó, “el Ayuntamiento consultó al vecindario en 2003 ante la solicitud de los responsables del taller para realizar una actividad textil en el inmueble”.

“Yo mismo elaboré una queja en el que explicaba los motivos por los que no era conveniente que hubiera un taller en ese lugar”, relató el vecino. En el escrito, al que tuvo acceso LAS PROVINCIAS, aducía motivos como “la posible toxicidad de materias primas, malos olores, riesgo de incendio y una vivienda que es inadecuada para el uso industrial”.

Ruidos y botellas en el tejado
“Una vez hacían ruido con las máquinas a la una de la mañana. Quise llamarles la atención y sólo abrieron la puerta cuando amenacé con llamar a la policía”, relató el hombre. “Vi varias personas trabajando, pero no sabía que había tantas”, añadió.

En otra ocasión, lamentó el residente de Benicalap, “sufrí una inundación por su culpa, porque son gente muy sucia. Arrojaron botellas vacías al tejado y bloquearon el sistema de desagüe. Tuve que subir yo y retiré más de 20”, recordó indignado.

Los empleados de un taller mecánico muy próximo a la casa inspeccionada se quedaron de piedra al saber que había casi una veintena de ciudadanos chinos trabajando y viviendo en la casa. “Por el día casi no se les ve y son muy discretos. Hace dos años ya estuvo la policía para echarlos del local, pero luego volvieron”, indicó uno de ellos. “Sólo veíamos a los dos dueños de la casa, una pareja, pero con nosotros no se han relacionado jamás”.

Controlar las estancias irregulares en España y, de paso, liberar a muchas mujeres que, por esa circunstancia, son obligadas por proxenetas a trabajar -hasta que paguen su deuda por el viaje que las trajo hacia un sueño- en el oficio más antiguo del mundo.

Esos son los dos objetivos principales con los que la Policía Nacional llevó a cabo ayer dos redadas en sendos burdeles de Yecla, y donde los agentes detuvieron a un total de 12 personas, diez de ellos por estar en situación ilegal en el país -tres hombres y siete mujeres- y otros dos -los supuestos regentes de los locales- por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y relativo a la prostitución. Los agentes de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía de Murcia, en colaboración con agentes de la Comisaría de Policía de Yecla y subinspectores de la Inspección de Trabajo, realizaron el primer control en el interior del club La Luna, ubicado en la Carretera Nacional 344, en el paraje Altos de Caudete, donde fueron identificadas 13 mujeres dedicadas al ejercicio de la prostitución, de las que siete eran de nacionalidad brasileña, cuatro rumanas, una colombiana y una dominicana. Dos de ellas, al igual que el portero, de nacionalidad brasileña, se encuentran en situación irregular en España, sin permiso de residencia, por lo que fueron trasladados a la Comisaria de Yecla para la tramitación de expediente de expulsión.

Igualmente fue detenido y puesto a disposición judicial, A. A. G., administrador único y dueño del establecimiento, por un presunto delito relativo a la prostitución y contra el derecho de los trabajadores extranjeros en España. Según la Policía Nacional, este local presenta una puerta de acceso principal que permite la entrada a la única barra de bar del establecimiento, con un pasillo interior donde existen seis habitaciones.

El segundo control se produjo pocos minutos después en el club El Dorado, un antiguo pub irlandés ubicado en la avenida Pablo Picasso de Yecla, donde los funcionarios de la Policía identificaron a 15 mujeres dedicadas a la prostitución –ocho rumanas, seis brasileñas y una marroquí-, estando cinco de ellas en situación irregular, por lo que fueron trasladadas a Comisaría, al igual que el camarero, de nacionalidad boliviana y sin papeles. Asimismo, y como presunto autor de un delito contra el derecho de los trabajadores extranjeros, y de otro relativo a la prostitución, fue detenido el dueño del local, P. C. B., de nacionalidad española.

http://www.laverdad.es/murcia/20080218/comarcas/yecla-detienen-doce-personas-20080218.html

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 13 Feb. (EUROPA PRESS) –   La Comisaría de Policía Nacional de La Línea de la Concepción (Cádiz) informó hoy de la detención de un súbdito marroquí –identificado como Y. Y. el O., de 35 años de edad– como presunto autor de un delito contra el derecho de los trabajadores.

En un comunicado, la Subdelegación del Gobierno de Cádiz explicó que la actuación policial se inició el pasado 28 de enero, cuando los agentes observaron a un individuo que se encontraba trabajando como portero en una discoteca, vistiendo una especie de uniforme perteneciente a la empresa de servicios ‘Big Bang’.

Este individuo carecía de documentación y, tras diversas gestiones, tuvieron conocimiento de que se trataba de S.K., natural de Ghana, que se encontraba en situación de irregularidad en España, por lo que procedieron a su detención, comprobando posteriormente que ya tenía incoado un expediente de expulsión por la Subdelegación del Gobierno de Málaga.

Dada la situación de muchos extranjeros, que trabajan en España en condiciones que restringen o suprimen los derechos laborales que les pudieran corresponder, la Policía inició las gestiones necesarias para localizar al empleador, que resultó ser el propietario de la mencionada empresa de servicios, que fue detenido el pasado lunes y puesto a disposición de la autoridad judicial.

http://www.europapress.es/00279/20080213170113/cadiz-sucesos-detenido-linea-subdito-marroqui-presunto-delito-contra-derecho-trabajadores.html