Archive for the ‘Explotación laboral’ Category

Las F.O.P han detenido a tres súbditos pakistaníes que regentaban restaurantes ‘Doner Kebab’ en Gipuzkoa como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Los acusados explotaban laboralmente a inmigrantes en situación irregular, de los cuales once “han sido rescatados”.

Donostia * E.H
Los tres detenidos, Yousaf B., Zulfiqar A. y Nisar A., regentaban restaurantes tipo ‘Doner Kebab’ “como forma de blanqueo de las ganancias obtenidas a través del tráfico ilegal de personas, explotación laboral en obras y alquileres abusivos en pisos “patera” en los que eran alojados los trabajadores en unas condiciones infrahumanas”.
Las detenciones se llevaron a cabo a lo largo de los últimos días tras la inspección de seis restaurantes, dos en Errenteria y cuatro en Donostia.
Precisamente, en el restaurante ‘Doner Kebab’ de la calle Miracruz 28 de la capital guipuzcoana las F.O.P halló una estancia utilizada como “piso patera” en la que se incautaron diez colchones, un aseo, una nevera y un televisor.
Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Por su parte, a los once trabajadores en situación ilegal en el estado español, de los cuales seis son de origen pakistaní y cinco sudamericanos, se les ha aplicado la normativa vigente en esta materia.
Los funcionarios no han dado por finalizadas las actuaciones policiales “hasta el total esclarecimiento de los hechos”, ya que no descartan la existencia de otras personas implicadas en este tipo de actividad ilegal.

http://sareantifaxista.blogspot.com/2008/04/en-donostia-y-errenteria-explotan.html

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Son casi las seis de la mañana y unos veinte hombres pueblan una cervecería, frente a la madrileña plaza Elíptica, en cuyo chaflán pronto han de aparcar las furgonetas y demás vehículos de los llamados ‘pistoleros’, los reclutadores de obreros.

en la imagen, la silueta de unos trabajadores sobre una construcción. Más de un centenar de inmigrantes, en su mayoría originarios de Sudamérica, Á
Los pistoleros reclutan obreros sin papeles en la
Son sólo una parte del más de un centenar de inmigrantes, en su mayoría originarios de Sudamérica, África y Europa del Este, sin documentos en regla, que esperan desde antes de las seis de la madrugada en la rotonda de la plaza a ser reclutados para trabajar en las obras urbanísticas de la región.

‘Aquí todos saben a qué vienes: ofrecer mano de obra barata y sin papeles para trabajar en la construcción’, explica Luis, un peruano, que conseguirá una ‘chamba’ (empleo) en dirección indefinida, y con horario y sueldo a negociar.

El frío congela las extremidades y cala los huesos. Por eso, los clientes del Yakarta piden café con leche para calentar la sangre y salir a soportar de pie el tiempo que sea necesario para conseguir un puesto en la obra.

‘Botellín no. No hay porras de momento. Hay café con leche, churros, bollos.’, recita el camarero, y de paso, avisa a los que se cubren del frío en el local: ‘Esto es un negocio. Acá hay que consumir’.

Las caras de sueño se repiten. También los gorritos calados hasta los ojos, las mochilas colgados a las espaldas, las manos en los bolsillos de los pantalones vaqueros o chándal y las zapatillas deportivas. Apenas se cruzan palabras. Alguien estornuda y se escucha un ‘qué frío que hace hoy, chinga’etumadre’.

‘Hoy muchos llegan tarde por el cambio de horario’, apunta Luis, quien en Perú dejó a su esposa y dos hijos. Dice conocer a un ‘pata’ peruano que ofrece ‘chambita’ por el metro Pueblo Nuevo: ‘Paga seis euros la hora, todo con papeles. Si nos los tienes, él te los hace. Claro, te cobra. Trabajas meses sin ver un sol (moneda peruana). Yo estuve seis días con él. Acá es mi primera vez’.

‘La clave es insistir’, agrega, ‘y portarse bien. Hacerse un poco el tonto, aunque sepas que te están timando. Hay que llamar todos los días. La paga, al final. Si la obra se para, pues a la chingada’.

Media hora después, los ‘pistoleros’, algunos de ellos también inmigrantes, aparcan sus ‘furgo’ frente al Yakarta. Evalúan la ‘mercadería’ (edad, físico, color), hablan por móvil y seleccionan. A veces se bajan del coche a negociar. Otras, alcanza con un gesto -apuntar con el índice o levantar el mentón- para hacerse entender desde el volante.

A las siete hay más de una decena de vehículos aparcados. Ocho inmigrantes se suman a una furgoneta de una empresa constructora, pegada a ella hay una de pinturas y más allá otra de cargas.

La oferta es mayor, según los asiduos. La demanda, en cambio, decrece. La crisis del sector inmobiliario se hace sentir y quienes más sufren son los llamados ‘sin papeles’, cuyos sueldos, ‘en negro’ -sin facturas ni comprobantes-, oscilan entre los 30 y los 60 euros diarios. Si hay paga.

El promedio de edad de los oferentes fluctúa entre los 20 y los 50 años. De los más de 100 aspirantes de esta mañana, dos parecen menores y sólo hay una mujer. Es brasileña y espera ser reclutada para trabajar en un restaurante.

Los africanos conversan en grupos separados. El idioma es una barrera adicional. Los elegidos escuchan la oferta y se suben a los coches casi sin mediar palabra.

Amanece en el Yakarta, donde se escucha el tema ‘Sarandonga’, se leen gratuitos y se juega a las ‘tragaperras’. Dos sudamericanos se quejan: ‘Me toca hacer papeles todo el día’, resopla uno. Y el otro retruca: ‘Yo estuve chambeando en un chalet en Villaviciosa, que lleva cuatro meses parado. ‘Te voy a deportar’, me dice el patrón. Ese no tiene cara. Primero no paga y luego amenaza, el hijueputa’.

Son las siete y media. ‘Quedan seis churros, dos por cabeza, como el ganado’, avisan detrás del mostrador. Al otro lado del ventanal, un joven andino saluda triunfal, antes de bajar la cabeza para entrar en un coche de vidrios polarizados. ‘Un chaval con suerte’, coinciden varios.

‘Diez para las ocho’, informa un ecuatoriano, con un balanceo nervioso. Algunos desisten. Pero medio centenar permanece de pie y, en el intercambiador de Plaza Elíptica, sus caras se mezclan con las de quienes acaban de salir de casa para ir a trabajar.

http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/plaza_eliptica_pistoleros_reclutan_obreros_2357768.htm

Redacción / EP
La Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid juzgará mañana a una mujer acusada de secuestrar entre agosto de 2002 y junio de 2006 al hijo de una inmigrante, de nacionalidad nigeriana, para obligarla a ejercer la prostitución en diferentes ciudades hasta que saldara una deuda contraída por traerla a España.

La procesada se enfrenta a una petición fiscal de 27 años y medio de cárcel y multa de 5.220 euros por los delitos de secuestro, amenazas, prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsificación de documento oficial. Además, la Fiscalía Provincial de Madrid pide que indemnice con 40.000 euros a la víctima por las secuelas sufridas por el cautiverio de su hijo.

En el escrito de acusación, el fiscal relata que Joy D.O. contactó en 2002 con Becky F. y su esposo –en paradero desconocido–, quienes la propusieron venir a España para trabajar a cambio de 35.000 euros. Así, la acusada le envió 1.500 euros a Marruecos para pagar la patera que la trasladó a Tarifa y el autobús que la llevó a Móstoles.

Al llegar a este municipio madrileño, Joy D.O. dio a luz a un niño, a quien la procesada secuestró para forzarla a prostituirse hasta liquidar la deuda. La encausada le entregó como documentación una fotocopia del pasaporte y una solicitud de permiso de residencia a nombre suyo y con la fotografía de Joy.

La víctima ejerció la prostitución en varias ciudades de España, enviando el dinero a la procesada y a su marido para poder recuperar a su hijo. A finales de 2004, la mujer conoció a un hombre que la ayudó a escapar de un club de Granada.

Trató entonces de recuperar a su hijo, pero Becky F. la amenazó con no volver a ver al pequeño y con matar a su familia en Nigeria si no pagaba la totalidad de la deuda. Finalmente, agentes del Cuerpo Nacional de Policía hallaron al menor el 5 de junio de 2006 en una vivienda en Móstoles, situada en el número 12 de la calle de la Haya.

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20080324131512

ANTONIO BAQUERO
BARCELONA

Para los inmigrantes en situación irregular obtener un contrato de trabajo es el salvoconducto para tener los papeles en regla. Con la actual legislación de extranjería, el contrato laboral es imprescindible para poder regularizar su situación mediante el arraigo social u obtener un permiso inicial. Es por ello que muchos extranjeros están dispuestos a todo, incluso a pagar grandes sumas de dinero, por conseguirlos. Y, como suele pasar siempre que algo es al mismo tiempo necesario y difícil de conseguir, el mercado paralelo se dispara. Un mercado negro de contratos para permanecer en el país que ya han detectado la policía y los sindicatos, que alertan de la proliferación de la venta de documentos de trabajo –en ocasiones auténticos, en ocasiones falsos– por los que los inmigrantes pagan hasta 6.000 euros.
“Se está convirtiendo en algo habitual que pequeños empresarios, administradores de empresas o incluso autónomos pidan dinero, cantidades de al menos 3.000 euros, por hacer un contrato de trabajo a un inmigrante”, alerta una abogada especialista en extranjería. Estos deben ser, por ley, de al menos un año y de 40 horas semanales.

DISTINTOS MÉTODOS
El modus operandi es muy variado. Desde empresas que ponen en venta puestos que realmente existen y que están vacantes a sabiendas de la necesidad imperiosa que muchos inmigrantes tienen de esos contratos hasta espabilados que crean compañías con el único propósito de estafar con contratos falsos. La diferencia entre ambos casos es que, en el primero, el inmigrante obtiene la regularización, mientras que en el segundo, el más practicado, no consigue los papeles.
Según Gasán Saliba, secretario de Inmigración de Comisiones Obreras, en el 2007, solo en Catalunya, recibieron 30 denuncias por estafas con contratos inexistentes. “Hay muchos más casos, pero la mayoría no denuncian”, dice Saliba. “Son empresas montadas solo para vender contratos. Ni tienen actividad económica ni pagan impuestos”, añade.

Este responsable sindical señala que la mayoría de las veces los inmigrantes entran en contacto con dichas empresas a través de un miembro de su propia comunidad: “Suele ser otro inmigrante el que les dice que hay una empresa que, a cambio de cierto dinero, les puede hacer un contrato de trabajo. Toda la estafa se hace a través de ese mediador. A él es a quien entregan el dinero los inmigrantes y es él quien les da el contrato falso. Son muy pocas las ocasiones que llegan a contactar con la empresa directamente”, afirma.
En esos casos, lo que suele ocurrir es que la Administración deniega el permiso al inmigrante, pues la empresa con la que ha firmado el contrato o bien carece de actividad económica o bien tiene deudas con el fisco. “El inmigrante descubre entonces que le han estafado, pero como no tiene recibo y el intermediario ha volado, ya no puede hacer nada”, explica Saliba.
En muchas ocasiones las empresas que venden el contrato ofrecen también –y, obviamente, cobrando– la tramitación de permisos. “Hemos detectado que, tras algunas empresas ficticias, hay gestorías y despachos de abogados que han visto el filón de los contratos”, dice el responsable de inmigración de CCOO. Este hace un llamamiento a la Administración para que investigue de oficio cuando detecte empresas que, sin apenas actividad, hacen un gran número de contratos a inmigrantes.
Pero el perfil de los estafadores incluye un número creciente de foráneos dispuestos a aprovecharse de sus compatriotas. “Son extranjeros que han montado empresas y que venden esos contratos en sus países de origen”, explican fuentes policiales que están investigando las estafas en Catalunya.
Como ejemplo ponen el caso de pequeñas empresas o comercios de extranjeros que, de pronto, empiezan a hacer decenas de contratos que venden en sus países. “En lugar de cobrarles directamente, les dicen que se van a ir cobrando el precio del contrato de sus sueldos”, cuentan los agentes. “Al final no hay contrato y el empresario amenaza con despedir al inmigrante si este protesta”, concluyen.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=493966&idseccio_PK=1021 

ELA ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a un constructor por emplear a dos inmigrantes «sin darles de alta en la Seguridad Social y pagarles un salario inferior a lo que fija el convenio», según la central. Al parecer, uno de los peones sufrió un accidente el 10 de enero en Peñacerrada pero, como carecía de seguro, no fue trasladado a un hospital, sino a la casa de un amigo para ser curado de un «fuerte» golpe en la cabeza.

«Al apoyarme en una reja sin asegurar me caí de una ventana», explicó a EL CORREO el paraguayo Rubén Dario. Además, apenas recibió «800 euros por tres meses de trabajo».

Patricio Agreda, un autónomo de nacionalidad ecuatoriana que dirige reformas en casas particulares, reconoció haber contratado a los dos inmigrantes. «Lo hice para ayudarles», afirmó para agregar a continuación que ya ha saldado la deuda que tenía con el peón accidentado. Pretende abonar «en breve» los 7.000 euros que debe al segundo operario. «Estoy a la espera de cobrar por una obra», dijo.

Abusos

Para la central sindical, Inspección de Trabajo debe actuar ante casos como éste. «No puede ser que las empresas o trabajadores autónomos se comporten a su libre albedrío», afirmó Roberto Salgado, portavoz ELA en el sector de la construcción.

Al parecer, es frecuente que las pequeñas compañías del sector «abusen» de la situación de inestabilidad laboral y personal en la que se encuentran los inmigrantes. «Muchos no se atreven a denunciar los abusos porque carecen de papeles y temen ser repatriados a sus países de origen», explica. Salgado pidió, además, que se «refuercen» los controles a pie de obra.

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080310/alava/denuncia-constructor-contratar-forma-20080310.html 

La Policía Nacional ha detenido a doce personas, tres de ellas por explotación laboral y las nueve restantes por estancia irregular en el país, durante una operación llevada a cabo en distintas obras de construcción que se estaban realizando en las localidades de Autilla del Pino y Grijota y en algunos pueblos de Valladolid.

Uno de los detenidos, M. D. S., de 26 años, de origen portugués, ejecutaba obras con su empresa constructora, que contrataba trabajadores en situación irregular, ya que carecían de contrato de trabajo y de afiliación a la Seguridad Social, además de no percibir los salarios estipulados. Otro de los detenidos, D. E. L. Y., de 47 años, de nacionalidad ecuatoriana, era propietario de otra empresa dedicada también a la construcción, que llevaba a cabo el mismo método a la hora de realizar las contrataciones.

El tercero de los arrestados, J. C. F., de 37 años, brasileño, era el capataz de D. E. L. Y., al que se le imputa también un delito de falsedad documental al utilizar un seguro social portugués para contratar a otro trabajador y usurpar el estado civil del titular de la documentación.

Según la Policía, los tres detenidos ofrecían a ciudadanos de varias nacionalidades, entre ellos brasileños y otros procedentes de países del este de Europa, la posibilidad de trabajar para sus empresas, a cambio de un salario mínimo y con la convicción de que no se atreverían a presentar denuncia ante la Policía por temor a ser expulsados. Algunos eran introducidos en España desde Portugal.

En el transcurso de las investigaciones la Policía Nacional ha detenido además a nueve ciudadanos extranjeros por encontrarse en situación irregular en territorio nacional. Todos ellos estaban trabajando en las empresas de los detenidos como presuntos autores de explotación laboral e inmigración irregular.

Las empresas están constituidas y radicadas en Portugal, donde mantienen su domicilio social y que subcontrataban obras de cuya propiedad y promoción son titulares sociedades españolas. A los detenidos por estancia irregular se les ha incoado el correspondiente expediente administrativo sancionador.

La operación policial, que había comenzado el pasado mes de enero, ha estado apoyada por los servicios de la Inspección Provincial de Trabajo de la Junta de Castilla y León, en labores de investigación en las obras.

http://www.nortecastilla.es/20080306/palencia/detenidos-tres-extranjeros-explotacion-20080306.html 

Una versión resumida de este reportaje se ha publicado el domingo 2 de marzo en la edición impresa de La Vanguardia. Es una historia de parias, vilezas y dignidades en una sociedad, en este caso la catalana, que mira hacia otro lado. El gitano, que hasta ayer era el más débil, explota al hondureño recién llegado para beneficio de un patrón que asegura no saber nada.

El triunfo en las elecciones parlamentarias del domingo 8 de marzo se decidirá, en gran parte, sobre “el problema” de la inmigración. Los aspirantes a La Moncloa tratan de ganar votos sobre la demagogia y el sufrimiento de víctimas como Jaime Gerardo García Vázquez.

Barcelona. Martes, 26 de febrero, 2008
El fallecimiento por asfixia de un vigilante en una obra de Sant Cugat a finales de enero ha puesto al descubierto una red de contratación ilegal de inmigrantes destinados a la vigilancia de obras en la periferia de Barcelona, con trabajos confirmados, por lo menos, en Esplugues y Molins de Rei. Los Mossos d”Esquadra detuvieron el lunes a dos responsables de la empresa de vigilancia Los Salazar, que han pasado a disposición judicial. Uno de ellos, Richard Salazar, ha quedado en libertad, pero acusado de homicidio imprudente. Se desconoce, por el momento, el número de inmigrantes afectados.

Jaime Gerardo García Vázquez, la víctima, de origen hondureño, desempeñaba, como sus otros colegas en la empresa Los Salazar, uno de esos trabajos que sólo aceptan los inmigrantes obligados a decir que sí a todo. Jornadas de trece horas diarias, de siete de la tarde a ocho de la mañana, más todos los fines de semana completos, desde las siete de la tarde del viernes a las ocho de la mañana del lunes. El sueldo eran 700 euros mensuales. El contrato verbal no garantizaba, sin embargo, que pudieran ser cobrados. Su oficina era una vieja caravana, sin agua, sin luz y sin calefacción.

El 29 de enero, víspera de su muerte, Jaime Gerardo García Vázquez cobró su primer sueldo como vigilante de la obra que la promotora Forcimsa ejecuta en unos terrenos de Mira-sol, en Sant Cugat, conocidos como Can Ametller: “21.500 metros cuadrados de oficinas ejecutadas en carpintería de aluminio y acabada la fachada con hormigón visto”, según la web de la compañía.

Richard Salazar, su jefe, le dio quinientos euros. Dos cientos ya se los había adelantado unos días antes. Estaba contento. Llamó a Héctor, hermano, como él, en la iglesia Nazareno de Cornellà, para contárselo. Después de varios meses agrios, con trabajos esporádicos como paleta que no siempre cobraba, por fin podría enviar dinero a casa. En Tegucigalpa tenía esposa y dos niñas de cuatro y catorce años. La menor con un soplo en el corazón.

La noche del 29 al 30 de enero fue fría, con dos grados de mínima. Hacía días que las temperaturas mínimas oscilaban entre los cero y los cuatro grados. Jaime Gerardo, que no soportaba bien el frío, hacía un fuego en una barbacoa junto a la caravana, instalada en la parte alta de la obra. Se sentaba en un gran tronco, con las brasas delante, y contemplaba el paisaje del desarrollo suburbano de Barcelona. En primer término, Can Ametller, una masía del siglo XIV reconvertida en restaurante de cocina típica y colocada junto a la AP-7, un autopista de doce carriles. Más allá, en dirección suroeste y con Collserola como telón de fondo, uno de los proyectos urbanísticos más importantes de Cataluña: el Augusta Business Park, un complejo de oficinas pensado para empresas de alta tecnología y con ambición de convertirse en uno de los motores de crecimiento del país. Las casas unifamiliares se extienden alrededor. Las torres de alta tensión trazan líneas rectas y panzudas sobre el territorio.

Cada noche Jaime Gerardo daba un par de vueltas por la obra. Tenía un palo, pero le faltaba una linterna. Salazar le había recomendado que utilizara la luz del móvil y que se dejara de heroísmos: si veía algo sospechoso debía llamar a la policía y salir corriendo.

Salazar y su esposa Janette Fernández Giménez dirigen la compañía de vigilancia Los Salazar. A Forcimsa le cobran 3.500 euros al mes por vigilar Can Ametller y otra obra en Esplugues. El contratro, según asegura un portavoz de Forcimsa, está en regla. En él figuran, como vigilantes, nombres de trabajadores con la documentación correcta. Ellos no son, sin embargo, los que realizan el trabajo. “Eso no puedo asegurarlo –reconoce el portavoz-, porque nos solapamos. El vigilante entra cuando nosotros plegamos. Él debe procurarse, además, todo lo que necesita para hacer su trabajo”.

La vigilancia de las obras en Cataluña hace años que está controlada por familias gitanas. Lo que empezó como una extorsión al promotor se convirtió después en un negocio legal, donde, sin embargo, prolifera el engaño. Las compañías promotoras, como Forcimsa en este caso, pagan lo que les piden los clanes gitanos y se desentienden. Los Mossos afirman que, sin una denuncia, no pueden saber si el promotor firma bajo extorsión.

“Ellos se encargan de todo. Colocan la bandera de la comunidad gitana en la valla y eso basta para disuadir a posibles ladrones –comenta un promotor con decenas de obras a cuestas en Cataluña-. Contratar la vigilancia con una compañía más profesional cuesta un 40% más y, al tener a los gitanos en contra, hay pocas garantías de que no te vayan a robar”.

Inmigrantes como Jaime Gerardo, sin papeles y sin más profesión que la albañilería, constituyen una mano de obra idónea para emplearla en una obra. El 26% del personal empleado en la construcción en Cataluña es inmigrado, en su gran mayoría de América Latina. La construcción, además, es el sector con más riesgos laborales. Un tercio de las 106 muertes por accidentes en el puesto de trabajo ocurridas en Cataluña en 2007 sucedieron en una obra. La Generalitat paralizó el año pasado 226 centros de trabajo en los que existía un riesgo inminente de accidente: el 94% de estas paralizaciones afectó a la construcción.

Jaime Gerardo consiguió el empleo en Can Ametller a través de Jarvin, un compatriota: “Llevaba tres meses y medio vigilando la obra de Rubí cuando, a principios de enero, Salazar me trasladó a la obra de Esplugues. Jaime Gerardo ocupó mi puesto. A pesar de las promesas de que tendría un contrato, el acuerdo sólo era verbal. Al morir Jaime Gerardo, Salazar me llamó muy nervioso. Me dijo que no me acercara más por la obra de Esplugues y que ya me pagaría lo que me debía del mes. Aún así, yo fui. Quería hablar con el encargado de Forcimsa. Éste, sin embargo, también me dijo que me fuera, que no tenía papeles y que no podía estar allí.”

Jarvin había tratado en varias ocasiones de mejorar sus condiciones. Salazar se negaba diciéndole que aún tenía suerte “porque en las obras de Molins de Rei tengo a un grupo de moros que no cobra más de 500 al mes”.

“Sé que estamos obligados a trabajar más por menos, pero que no tengamos papeles no quiere decir que no tengamos derechos”, asegura Francisco Vázquez. El viernes 15 de enero, cerca del mediodía, acababa de ver a su hermano en la funeraria Truyols, situada en la avenida Montserrat Roig de Mira-sol, muy cerca de Can Ametller. ∫”Tengo cuatro testigos pero tienen miedo de ir a declarar porque no tienen los papeles en regla. He de conseguir que vean a los mossos, convencerlos de que hay un sistema que, aunque no lo parezca, puede protegernos”.

Jaime Gerardo reposaba embalsamado dentro de un ataúd de cinc. A verlo acudieron varios amigos, que le tocaron el rostro, le hicieron fotos y lloraron de forma contenida. Entre ellos, dirigiendo el grupo, estaba Mauricio, otro hermano, con el que compartía piso en Cornellà: “A menudo decía que si le daban el coste del pasaje se regresaba a Honduras. Echaba en falta a su mujer y sus niñas, y si resistía era por ellas.” Bajo el brazo llevaba una carpeta verde, de gomas, con los papeles que explicaban la parte material de su drama. La abrió para mostrar la factura de la funeraria: 5.122 euros. “Incluye el traslado hasta el cementerio de Francisco Morazán, en Tegucigalpa. No pensamos incinerarlo. Ha de reposar en su tierra. He recaudado una parte entre los amigos, los familiares y la iglesia. El resto lo pediré prestado”. La usura le abrió los brazos. Tardará entre uno y dos años en devolver casi 4.000 euros. El transporte del cadáver por vía aérea ascendía a 2.500. El resto se iba en la caja de cinc (185 €), la mortaja (27 €), la válvula depuradora de gases (46 €), los desodorantes y materiales absorbentes (63 €), el vestir (46 €), el embalsamamiento de 96 horas (558 €) y otros gastos imprescindibles para que el cuerpo llegara en las mejores condiciones a su destino.

“Uno viene acá con anhelos, pero abusan de uno”, reflexionaba Calixto Ordóñez, con la mirada clavada en el suelo de mármol de la funeraria. Miguel Sorto, de la Ascociación Hondureña en Cataluña, sostenía que la mayoría de sus compatriotas que llegan a España sin papeles se ven obligados a trabajar sin garantías ni condiciones y sufren el síndrome de Ulises. “En Cataluña debe de haber entre siete y diez mil hondureños. La mayoría trabaja en la construcción y la restauración, los dos sectores donde es más fácil encontrar algo sin papeles. Los trabajos son duros y mal pagados. Ellos extrañan el hogar y no saben dónde están ni a dónde van. La falta de garantías agrava su vulnerabilidad. Sienten que no sirven para nada, que han fallado a sus familias. Incapaces de enviar dinero a casa, muchos caen en la depresión.”

Fuera de la funeraria Truyols, en el aparcamiento, con vistas a las casas unifamiliares en la otra acera de la avenida Monteserrat Roig, una valla publicitaria de Carme Chacón, candidata del PSC al Congreso, hablaba de la “Catalunya optimista”.

A esta Cataluña quería sumarse Jaime Gerardo cuando, el 7 de diciembre del 2006, llegó a Girona, invitado por una amiga a pasar unos días. Tenía entonces 30 años y el sueño de una vida mejor para él y los suyos. Hasta el día de su muerte desempeñó varios trabajos, siempre en la construcción. Antes del verano, se trasladó a un piso de Cornellà que había conseguido Mauricio, empleado en un restaurante chino. Los restauradores chinos acostumbran a alojar a su personal en pisos de su propiedad que, cuando no utilizan, alquilan a otras comunidades. Este de Cornellà, junto al Corte Inglés, es soleado, con tres habitaciones y seis inquilinos que pagan 150 euros al mes.

Abdia Dolórez Méndez, una de las compañeras de piso, tiene una niña de seis meses. Llegó a España embarazada, para parir. Jaime Gerardo cuidaba al bebé mientras ella hacía faenas en una casa de Sants. Luego preparaba el almuerzo. Le gustaba cocinar: chilaquiles, frijoles, montucas, arroz, verduras, mezclado con una mayonesa picante, queso y plátanos. La comida la metía en tápers que se llevaba a la obra para cenar.

La noche del 29 de enero no llegó a cenar. Metió la barbacoa dentro de la caravana, se acostó sobre un pequeño catre y murió asfixiado. A la mañana siguiente nadie reparó en él. Estaba dentro de la caravana. El vestuario de la obra está pegado a ella y durante todo el día decenas de obreros, casi todos latinoamericanos, pasaron por allí sin notar nada. Al caer la noche, un joven, encargado del mantenimiento en el restaurante Can Ametller y con el que había hablado más de una vez, encontró el cadáver después de llamar a su puerta. El juez ordenó levantarlo a las once de la noche. Hacía, aproximadamente, 24 horas que había muerto.

Una semana después, la caravana seguía en su sitio. Un modelo Adria, fabricado en Novo Mesto, Jugoslavija, un montón de años atrás y propiedad de Los Salazar. La puerta estaba abierta y dentro seguía todo igual: papeles de periódicos en la ventana para frenar el frío, un ejemplar del “20 Minutos” con Rambo en la portada, una vieja novela de Marcial Lafuente Estefanía (“El rancho anclado”), un paquete de café soluble Hacendado, restos de velas, garrafas vacías de agua, un rollo de papel de váter, dos tápers con comida sin abrir, una cabeza de ajos, un bote de salsa picante oriental de ají, pilas AA, un tejano, unas zapatillas deportivas, dos mantas y la pequeña bombona de butano para cocinar. Mauricio hizo un atillo con la ropa que estimó oportuno recuperar. “Apenas me queda nada de mi hermano. De sus efectos, los mossos sólo me dieron el reloj, un anillo y la cartera”.

De la cartera de Jaime Gerardo habían desaparecido los 500 euros que Salazar le dio el mismo día de su muerte, pero no así un billete de 20 y una tarjeta de visita del propio Salazar. Los mossos utilizaron esta pista para tirar del hilo de una investigación que el lunes por la mañana llevó a la detención de Richard Salazar (Cáceres, 1980) en Rubí. Janette Fernández, nacida den Rubí en 1986, fue detenida esa misma tarde como responsable de la compañía. Salazar, que figura como prestador de los servicios de vigilancia, está acusado de homicidio imprudente al ser responsable de las penosas condiciones de trabajo de Jaime Gerardo. Asimismo, está acusado, al igual que Janette, de un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Salarzar, al igual que Forcimsa, sostienen que Jaime Gerardo era un indigente que pasaba por allí y que el vigilante le dejó entrar en la caravana para calentarse. “No se trata de un accidente laboral –sostiene un portavoz de la empresa- sino de una desgracia al margen de la obra. Era un pobre hombre y por querer ayudarle pasó lo que pasó”. Esta teoría, sin embargo, no explica lo de la tarjeta de Salazar en la cartera de Jaime Gerardo y contradice el testimonio de Jarvin.

El proceso judicial abierto por Mauricio, y en el que también ha incluido a las dos hijas de Jaime Gerardo, será largo. “Lo que me indigna de verdad –asegura- es que digan que era un mendigo. No es justo y voy a luchar hasta el final para demostrar que era un trabajador y un hombre honrado”. En este empeño está representado por la abogada Esther Palmés y confía en conseguir una indemnización económica para sus sobrinas.

El código penal, de entrada, castiga con penas de prisión a los que “mediante engaño o abuso de situación de necesidad” imponen a sus trabajadores condiciones laborales denigrantes que suponen una restricción o supresión de los derechos civiles.

Al tiempo que la maquinaria judicial se ponía en marcha en Barcelona, el cadáver de Jaime Gerardo salía de El Prat en un avión de Iberia. Voló el domingo 17 de febrero y tres días después, habiendo hecho escala en Barajas y San José, llegó al aeropuerto de Toncontín de Tegucigalpa. Fue enterrado de inmediato en el cementerio de Francisco Morazán.

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080302/53441568277.html

Dormían con colchones en el suelo en una casa de Benicalap repleta de suciedad y restos de comida.

23.02.08 – J. A. MARRAHÍ VALENCIA
Tres plantas repletas de máquinas de coser, hilos, tintes, colchones en el suelo, restos de comida podrida, suciedad… Es lo que uno se puede encontrar en el número uno de la calle La Serratella de Valencia, en el barrio de Benicalap. No es un lugar ni para trabajar ni para vivir, sin embargo casi una veintena de inmigrantes chinos hacían ambas cosas en este espacio insalubre convertido en taller textil.

La intervención policial se produjo alrededor de las once de la mañana. Un ciudadano chino intentó huir al ver a varios agentes que estaban realizando un control cerca de la citada calle. Al perseguirlo comprobaron que se escondía en el número 1 de La Serratella. Cuando los agentes de GOES entraron en la vivienda se produjo una verdadera estampida.

En ese momento había aproximadamente 20 chinos trabajando en la planta baja, en una zona con 18 máquinas de coser y planchar. Muchos de los trabajadores que en ese momento se hallaban en el lugar echaron a correr al advertir la presencia policial.

Sólo pudieron retener a tres de los trabajadores y a una pareja, a cuyo nombre figura el local. Se trata de S. F. Ch. y X. F. Ch., de 38 y 27 años de edad. Están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra la Ley de Extranjería. Según indicaron fuentes policiales, presentaron una licencia de actividad que figuraba como cesada, por lo que no podían desempeñar ninguna función industrial en la vivienda.

Sólo al inspeccionar las instalaciones, los policías y un inspector de Sanidad corroboraron las pésimas condiciones de salubridad en las que trabajaban y subsistían los inmigrantes. La casa, una vivienda antigua de tres pisos y terraza tiene el taller en la planta baja.

Desde allí una estrecha escalinata da paso a un segundo piso en el que apenas se puede caminar. Los colchones, ropa, plásticos, embalajes y otros restos llenan cada rincón de varias estancias. Un desagradable olor lo invade todo. En una mesa, se acumulan cáscaras de plátanos, bolsas de comida, restos cárnicos y cubiertos sucios. En un gran congelador, la policía encontró diferentes carnes de dudosa procedencia. Casi todos los productos carecían de etiquetado y algunos ni siquiera tenían embalaje o plástico.

Ante estas evidencias, la policía sospecha que los trabajadores orientales vivían hacinados en el local las 24 horas del día. Un inspector de Trabajo también acudió al lugar, tras la entrada de la Policía Local, para comprobar las condiciones laborales en las que se hallaban los inmigrantes. Después de arrestar a los dos sospechosos y realizar las diligencias, los agentes procedieron al cierre de la planta baja y a solicitar el cese de la actividad.

Un vecino de la calle La Serratella aseguró que los chinos “llevan aproximadamente ocho años establecidos en esa casa”. Según explicó, “el Ayuntamiento consultó al vecindario en 2003 ante la solicitud de los responsables del taller para realizar una actividad textil en el inmueble”.

“Yo mismo elaboré una queja en el que explicaba los motivos por los que no era conveniente que hubiera un taller en ese lugar”, relató el vecino. En el escrito, al que tuvo acceso LAS PROVINCIAS, aducía motivos como “la posible toxicidad de materias primas, malos olores, riesgo de incendio y una vivienda que es inadecuada para el uso industrial”.

Ruidos y botellas en el tejado
“Una vez hacían ruido con las máquinas a la una de la mañana. Quise llamarles la atención y sólo abrieron la puerta cuando amenacé con llamar a la policía”, relató el hombre. “Vi varias personas trabajando, pero no sabía que había tantas”, añadió.

En otra ocasión, lamentó el residente de Benicalap, “sufrí una inundación por su culpa, porque son gente muy sucia. Arrojaron botellas vacías al tejado y bloquearon el sistema de desagüe. Tuve que subir yo y retiré más de 20”, recordó indignado.

Los empleados de un taller mecánico muy próximo a la casa inspeccionada se quedaron de piedra al saber que había casi una veintena de ciudadanos chinos trabajando y viviendo en la casa. “Por el día casi no se les ve y son muy discretos. Hace dos años ya estuvo la policía para echarlos del local, pero luego volvieron”, indicó uno de ellos. “Sólo veíamos a los dos dueños de la casa, una pareja, pero con nosotros no se han relacionado jamás”.

La Guardia Civil de Albacete y Cuenca ha desarticulado una banda que había introducido irregularmente a decenas de trabajadores marroquíes en España, a los que explotaba forzándoles a trabajar gratis en locutorios y bazares de San Clemente (Cuenca) y de las localidades albaceteñas de La Roda y Villarrobledo. La operación se ha saldado con cinco detenidos –cuatro marroquíes y un empresario español- como supuestos autores de extorsión, amenazas y un delito contra los derechos de los trabajadores.

La banda captaba a los inmigrantes en su país de origen y les ofrecía un falso contrato de trabajo a nombre de una empresa de la construcción sin actividad alguna, propiedad del empresario detenido. A cambio debían pagar 13.000 euros. Una vez en España les quitaban el dinero y la documentación que llevaban encima y eran obligados a trabajar sin percibir ningún salario, a cambio sólo de comida y alojamiento. Según informó hoy el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, el sistema empleado por esta red para introducir ilegalmente a inmigrantes podría estar siendo imitado por otras mafias. “Es un sistema más seguro, no tienen que atravesar el Estrecho en embarcaciones precarias y en condiciones peligrosas y aunque es más caro les ofrece una cobertura pseudolegal con supuestos contratos de trabajo”, indicó el delegado del Gobierno, que pidió la colaboración de los ciudadanos y de los ayuntamientos para que denuncien este tipo de explotación.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=83252

La Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía investiga una presunta explotación de trabajadores de nacionalidad china, empleados supuestamente de forma irregular en un restaurante chino de Cartagena.

Los agentes hicieron guardia frente al restaurante chino en cuestión y comprobaron que en él trabajaban ocho o nueve personas de rasgos orientales cuando en realidad la sociedad, que estaba compuesta por tres ciudadanos chinos, tenían dados de alta en la Seguridad Social sólo a cinco.

El pasado día 22, los agentes de la Policía Nacional realizaron una inspección en la que identificaron a diez personas:cuatro de ellos trabajaban de forma irregular, por lo que fueron detenidos al igual que dos de sus dueños, Zeping CH., de 45 años, y Yuyun Y. de 42.

http://www.laverdad.es/murcia/20080129/cartagena/detienen-duenos-restaurante-chino-20080129.html 

EFE

Ciudad Real, 24 ene (EFE).- La Guardia Civil de Ciudad Real ha desarticulado una supuesta red delictiva dedicada a la explotación laboral de ciudadanos rumanos, compuesta por seis personas de esta nacionalidad con edades comprendidas entre los 18 y 45 años, que actuaban en toda la provincia y que tenían su base de operaciones en Valdepeñas.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, informó hoy en una rueda de prensa en Ciudad Real sobre esta operación y advirtió que no se va a consentir este tipo de prácticas pues la lucha contra las mismas será “una de las tareas prioritarias de las fuerzas y cuerpos de seguridad” que, según añadió, tienen la sospecha de que puedan existir más grupos como este en la región.

A los detenidos, cuatro hombres y dos mujeres, se les considera autores de los delitos de extorsión, amenazas y contra los derechos de los trabajadores, y se trata de miembros de una misma familia.

Estas personas captaban a sus compatriotas en Rumanía mediante anuncios publicitarios, ofreciéndoles trabajo en la provincia de Ciudad Real en labores agrícolas.

Cuando llegaban a España, los alojaban en pisos alquilados por la propia organización, donde se hacinaban hasta cuarenta personas en una misma vivienda, en condiciones infrahumanas y precarias, pagando la organización cien euros mensuales en concepto de alquiler.

La red delictiva también les cobraba 200 euros por proporcionarles empleo y cinco euros más por el transporte desde su residencia al lugar donde trabajaban.

Díaz Cano afirmó que “tenemos información” de intermediarios de trabajadores durante las épocas de máxima recolección agrícola, que están controlados o dirigidos por grupos o redes como la ahora detenida, e insistió en la “firmeza de las fuerzas de seguridad” ante hechos delictivos como este.

El delegado felicitó a los agentes que han desarrollado la operación, en la que han estado trabajando tres meses.

La red, según estimaciones de la Guardia Civil, podría haber ganado ya con estas operaciones unos 250.000 euros, y habría practicado la extorsión a entre 150 y 200 personas, a las que obligaban con golpes o retirándoles la documentación cuando alguno de ellos hacía intento de marcharse.

Los detenidos son A.L., de 18 años de edad; E.G., de 45; F.B., de 23; L.F.C., de 23; C.F.A., de 18, y P.L., de 23 años, todos vecinos de Valdepeñas, y han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de esta localidad.

En el piso registrado se intervino documentación falsificada, 15.000 euros en metálico, un ordenador y una furgoneta con la que se trasladaba diariamente a los trabajadores a las explotaciones agrarias.

A preguntas de los periodistas, dijo que no se ha detenido ni hay sospechas de que los propietarios de las explotaciones agrarias tuvieran ninguna relación con la red ni actitud delictiva.

http://es.noticias.yahoo.com/efe/20080124/tes-seis-detenidos-y-desarticulada-una-r-61bd63d_1.html

05.12.2007

En la capital proliferan los talleres de confección regentados por ciudadanos chinos. En muchos casos, las condiciones a las que están sometidas los empleados son de semiesclavitud. Viven en el mismo sitio en el que cosen.

En Carabanchel, trabaja el grupo de investigación de la Policía Municipal, quien inspecciona dos de ellos con presencia de la televisión. Para evitar la detención de ilegales, los propietarios llegan a construir zulos para esconderles. En Hong-Kong les llaman las “sweat factories” -fábricas del sudor-, y en Madrid poco distan de ese calificativo. Llegan los agentes al taller y, tardan unos minutos en abrirles. Cuando los policías piden la documentación, en apariencia todo está en regla. Pero algo no les cuadra. Sospechan que alguien está escondido y no se equivocan. Los agentes se llevan detenidas a la dueña por un delito contra los derechos de los trabajadores y a una de las mujeres al estar completamente ilegal en España. Además el local no cumple las medidas de seguridad… , al igual que ocurre en el segundo taller que inspeccionan.

Pero lo peor son las siete habitaciones que han construido al lado de las máquinas de coser. Papeles, telas, basura por todas partes y las salidas de emergencias llenas de obstáculos.

http://www.telemadrid.es/actualidad/noticia.pag?codigo=187544

04 de diciembre de 2007

MARCOS OLLÉS. PALMA. La Policía ha descubierto en Mallorca un presunto fraude en documentos de tres niños marroquíes que sus padres habrían utilizado para poder acelerar el acceso al mercado laboral de los pequeños. Fuentes policiales explicaron ayer que los menores, de entre 7 y 10 años, fueron inscritos en un instituto de Manacor con edades que oscilan entre los 12 y los 15, al parecer con el objetivo de que en un plazo máximo de tres años pudieran acceder a un puesto de trabajo de forma legal. Por el momento, se está investigando a las dos familias de estos niños, aunque la Policía no descarta que se encuentren nuevos casos en otras poblaciones.
A principios del presente escolar, tres niños -dos de ellos hermanos- originarios de Marruecos fueron inscritos en un instituto de Manacor, explicaron las mismas fuentes. Los documentos aportados por las dos familias afirmaban que los pequeños habían nacido hace 12, 13 y 15 años. La escolarización se llevó a cabo sin problemas, pero las sospechas aparecieron pronto. Los responsables del centro detectaron que ni el nivel educativo ni la apariencia física de estos alumnos se correspondían con sus edades, por lo que informaron a la Policía, que a su vez alertó a un juzgado de Manacor y a la Fiscalía de menores. Los exámenes médicos a los que fueron sometidos los niños despejaron las dudas. El estudio oseométrico concluyó que los niños inscritos tienen un mínimo de 7 años y un máximo de diez.
Este presunto fraude tenía como objetivo, según sospecha la Policía, agilizar la entrada de los niños en el mercado laboral. De haber culminado con éxito, los pequeños se habrían puesto a trabajar con entre 10 y 11 años.
Los investigadores tratan de esclarecer si hay alguna relación entre las dos familias acusadas que pudiera indicar la existencia de un trama organizada o si, por el contrario, los casos detectados son hechos aislados. La Policía no descarta que puedan descubrirse nuevos casos de falsificación de edades en otras localidades de la isla.

http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1734_10_313252__Sucesos-Falsifican-edades-tres-Manacor-para-acelerar-acceso-trabajo

TORTOSA (TARRAGONA), 3 Dic. (EUROPA PRESS) –   Un juez de Tortosa (Tarragona) ha decretado prisión provisional para un hombre de origen indio por los delitos de agresión, de obstrucción a la justicia y contra el derecho de los trabajadores. El hombre presuntamente estafaba a sus empleados, de origen nepalí, al no pagarles el sueldo y exigiéndoles pagos por cuestiones diversas.

La investigación se inició a raíz de la detención del ciudadano indio, de 39 años, el 23 de noviembre, por una agresión contra un compatriota y dos nepalíes. Los agentes policiales fueron advertidos por unos vecinos de una pelea que tenía lugar en una vivienda del barrio de Remolins. El detenido agredió gravemente a los dos nepalíes, uno de los cuales tuvo que ser atendido en el Hospital Verge de la Cinta de la localidad.

Las víctimas explicaron a la Policía Local que el agresor les estaba estafando y que había más personas implicadas. A raíz de esto, se inició una investigación que ha afectado hasta a 15 ciudadanos de origen nepalí. Todos ellos han declarado que trabajaban para el detenido, quien les ofreció trabajo, alojamiento y la posibilidad de regularizar su situación en el país, y a cambio les pidió una fianza de 100 euros, más 70 euros por el alquiler de una habitación donde dormían hasta tres personas y otros seis euros por el transporte.

Durante dos meses, estas personas habían realizado trabajos en el campo en diferentes lugares de las provincias de Tarragona y Castellón, pero todavía no habían recibido ninguna compensación económica. Según los declarantes, el detenido les había prometido 4,70 euros por hora de trabajo, trabajando diez horas al día y advirtiéndoles que deberían pagar una tasa de 87 euros cada uno para la Seguridad Social.

Además, durante los fines de semana les obligaba a hacer trabajos domésticos en su vivienda como pintar, limpiar y cocinar. En el decurso de la investigación, los ciudadanos nepalíes declararon también estar recibiendo presiones por parte del ahora detenido, quien les ofreció dinero para que no fueran a declarar contra él y les amenazó con hacer que los expulsaran del país e incluso con matarlos.

A raíz de esto, la Policía Local de Tortosa detuvo el viernes de nuevo al sospechoso, en este caso por un delito contra los trabajadores y por obstrucción a la justicia. Para garantizar la seguridad de las víctimas, el juez ha decretado la prisión provisional del detenido.

http://www.europapress.es/00284/20071203152307/sucesos-detienen-indio-estafar-amenazar-trabajadores-nepalies-tortosa-tarragona.html

Agentes de la Policía Nacional de Bercelona, Girona y la Jonquera hicieron el jueves por la noche una batida en el prostíbulo cabaret Flamingo, de la urbanización Santa Margarida de Roses, que acabó con la detención del dueño, la encargada y seis prostitutas.
La operación se hizo desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada y a parte de examinar el local se identificaron diez prostitutas: tres rumanas, seis rusas y una brasileña. Los agentes comprobaron que las seis chicas rusas no tenían la documentación para residir en el Estado y las detuvieron y trasladaron a la comisaría por infracción de la ley de extranjería. La policía también detuvo el responsable del local, Juan Carlos Pérez Guerrero, y a su compañera y encargada, Tatiana, y se les imputó un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, un delito relativo a la prostitución y otro contra los derechos de los trabajadores.

La operación en el prostíbulo Flamingo se enmarca en la operación de control de la inmigración y las redes de prostitución que está realizando desde hace meses la Policía Nacional, que ya ha hecho batidas en la mayoría de los prostíbulos gerundenses.

ORIGINAL SIN TRADUCIR:

Detenen l’amo, l’encarregada i sis prostitutes d’un bordell de Roses.

TURA SOLER. Roses
Agents de la Policía Nacional de Barcelona, Girona i la Jonquera van fer dijous a la nit una batuda al prostíbul cabaret Flamingo, de la urbanització Santa Margarida de Roses, que va acabar amb la detenció de l’amo, l’encarregada i sis prostitutes.

L’operació es va fer des de les 10 de la nit fins a les 3 de la matinada i a part d’escorcollar el local es van identificar deu prostitutes: tres de romaneses, sis de russes i una de brasilera. Els agents van comprovar que les sis noies russes no tenien la documentació per residir a l’Estat i les van detenir i traslladar a comissaria per infracció de la llei d’estrangeria. La policia també va detenir el responsable del local, Juan Carlos Pérez Guerrero, i la seva companya i encarregada, Tatiana, i se’ls va imputar un delicte d’afavoriment de la immigració il·legal, un delicte relatiu a la prostitució i un altre contra els drets dels treballadors.

L’operació al prostíbul Flamingo s’emmarca en l’operació de control de la immigració i de les xarxes de prostitució que està realitzant des de fa mesos la Policía Nacional, que ja ha fet batudes a la majoria de prostíbuls gironins.

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2650658

Santa Cruz de Tenerife, 24 (EP/IP)
Policías adscritos al Grupo II de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades (Ucrif), de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de esta capital han procedido a la detención de dos ciudadanos marroquíes que retenían a cuatro mujeres de la misma nacionalidad en un chalet de El Sauzal, sin dinero, ni comida, amenazándolas con la expulsión del país si se atrevían a abandonar la vivienda.

Las primeras informaciones indicaron la existencia de un chalet sito en el municipio de El Sauzal en el que se encontrarían residiendo cuatro ciudadanas de Marruecos a las que habrían traído a España, con la documentación en regla, a cambio de una importante suma de dinero. Tras diversas investigaciones llevadas a cabo por integrantes del citado Grupo, se pudo determinar el domicilio en el que se podrían encontrar las mujeres, dirigiendo todos los esfuerzos hacia la consecución de un doble objetivo: por un lado, acabar con la precaria situación en la que se pudieran encontrar las inmigrantes, y por otro, poder identificar al posible o los posibles responsables que motivaron esa situación de desamparo.

Como resultado de las gestiones realizadas se pudo determinar que los responsables de los presuntos hechos delictivos que pudieran estar produciéndose serían dos personas con residencia en España, de nacionalidad Marroquí, siendo identificadas como T. Q., de 31 años de edad, y F. E., de 30 años, ambos varones, procediéndose con gran celeridad, por parte del Grupo II UCRIF, a ponerse en contacto con las víctimas del hecho con el fin de conocer, de primera mano, las circunstancias en las que habrían realizado el viaje, así como las condiciones en las que estarían residiendo en España.

Los miembros de la Unidad de Investigación se encuentran una situación deplorable cuando, por manifestaciones de las víctimas, se sabe que las mismas carecen de dinero, alimentos, agua caliente, hacinadas en una habitación, con colchones en el suelo. Tras gestiones posteriores descubren que habían pagado unos 10.000 euros cada una a T. Q.

en Marruecos a cambio de que les trajeran a España a trabajar, circunstancia que se produjo en parte ya que, si bien llegaron con la documentación en regla, no iniciaron actividad remunerada alguna. Hay que destacar que las víctimas se mantenían en el chalet debido a que estaban coaccionadas por los T. Q.

y F. E. , los cuales manifestaban que, si se iban, serían devueltas a Marruecos, alegando que tenían importantes contactos en España, e indicándoles, igualmente, que cuando empezaran a trabajar no cobrarían.

Ante tales circunstancias, los investigadores procedieron a ponerse en contacto con un centro de acogida en el que pudieran hospedarse las cuatro mujeres con el fin de terminar de forma drástica con la dramática experiencia que estaban viviendo, haciéndose tales contactos efectivos de inmediato.

Finalmente la investigación llegó a su término procediéndose a la detención de los dos ciudadanos antes mencionados, siendo imputados por los presuntos delitos de coacciones y contra los derechos de los trabajadores. Las cuatro mujeres se encuentran en un centro de acogida a la espera de una oportunidad de poder iniciar su vida laboral.

http://actualidad.terra.es/provincias/tenerife/articulo/cuerpo_nacional_policia_2055189.htm

SEGOVIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) –   Efectivos de la Guardia Civil de la provincia de Segovia detuvieron en las últimas horas a dos hombres, uno de nacionalidad rumana y otro peruano, por delitos relacionados con la inmigración irregular, según informó hoy a Europa Press la Subdelegación del Gobierno.

En concreto, varios agentes de la Guardia Civil detuvieron en Nava de la Asunción en la mañana del pasado martes, 21 de noviembre a I.B., un varón de 28 años y de nacionalidad rumana, vecino de Cuéllar, por un presunto delito de extorsión.

El detenido presuntamente exigía, con amenazas y coacciones, la cantidad de 1.000 euros a compatriotas como pago por haberles facilitado la entrada en España y haberles conseguido un puesto de trabajo.

Además, a finales de la semana pasada, la Guardia Civil detuvo a V.C.R., hombre de 29 años, de nacionalidad peruana y vecino de Toledo, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Unos días antes, la Guardia Civil había realizado una inspección a las obras de una urbanización de la localidad de Duruelo y había encontrado a cinco personas que estaban trabajando en precarias situaciones de seguridad y de higiene. Tras identificar a estos trabajadores, se comprobó que todos se encontraban en España en situación irregular, que carecían de permiso y de contrato de trabajo y no estaban dados de alta en la Seguridad Social.

La Guardia Civil comenzó entonces los trabajos para localizar a la persona que había empleado a estos extranjeros, que fue detenido por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Sepúlveda.

Estas actuaciones se enmarcan en el plan de lucha contra la inmigración irregular que impulsa la Subdelegación del Gobierno, con el fin de evitar la contratación ilegal de extranjeros y la explotación de trabajadores que vienen de otros países. En cualquier caso, la Subdelegación recuerda que la estancia de extranjeros en España está inexorablemente unida a un contrato de trabajo y a un permiso de residencia.

http://www.europapress.es/00283/20071123171747/sucesos-detienen-segovia-dos-ciudadanos-extranjeros-sendos-presuntos-delitos-inmigracion-ilegal.html

INFORMATIVOSTELECINCO.COM/AGENCIAS
16 de noviembre de 2007

Eran sus jefes aunque ninguno de ellos figuraba en nómina. Agentes de la Guardia Civil han detenido en Lorca y Pulpí (Almería) a seis responsables y encargados de tres empresas agrícolas por delitos contra los derechos de trabajadores extranjeros. Contrataban a inmigrantes a los que no daban de alta y mantenían en condiciones de explotación. Uno de los detenidos iba más allá: abusaba sexualmente de sus empleadas con la amenaza de despedirlas.

La Delegación del Gobierno ha informado de que las detenciones se han producido en el marco de la operación “Hermita”, nombre de una de las empresas. La operación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Sexo para mantener el puesto

El sindicato CCOO denunció en julio al encargado de una de estas empresas como supuesto autor de un delito de abusos sexuales contra sus empleadas, a las que exigía mantener relaciones si querían continuar en el puesto de trabajo.

La policía ha detenido a M.H.E. de 40 años, vecino de Lorca y compatriota de las mujeres, en calidad de presunto autor de un delito continuado de abusos sexuales.

La mayoría sin contrato

La investigación llevó a los agentes a indagar en las empresas para las que trabajaba el detenido, Agrícola La Hermita 32 SL y Frumed, en la pedanía lorquina de Purias, donde trabajaban sin contrato ni alta en la Seguridad Social la práctica totalidad de los empleados, todos extranjeros, que estaban siendo sometidos a condiciones de explotación.

En estas empresas, de manipulación hortofrutícola, han sido detenidos P.J.R.S. de 38 años y vecino de Lorca, J.S.P., vecino de Puerto Lumbreras, P.M.A. de 28 años y vecino de Totana, y A.T.C. de 30 años y vecino de Murcia, algunos de los cuales poseen antecedentes policiales por delitos similares. La operación se ha extendido a otra empresa de la localidad de Pulpí. LA

http://www.informativos.telecinco.es/inmigrantes/abusos/almeria/detenidos/dn_57206.htm

AGENCIAS. 08.11.2007

  • Los miembros del grupo pertenecen a la misma familia.
  • Si alguna mujer tenía problemas en su trabajo la obligaban a prostituirse.
  • Les pedían 1.800 euros y su casa como aval por el viaje.

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a tres personas de origen paraguayo, miembros de la misma familia, responsables de la introducción en España de un gran número de compatriotas, a las que después de reclamarles un aval sobre una propiedad en su país y un pagaré por 1.800 euros, explotaban como empleadas de hogar.

Al llegar al aeropuerto eran trasladadas a dos pisos de Madrid, en las que figuraban empadronadas 36 mujeres. El grupo disponía en Paraguay de varios contactos que captaban a sus compatriotas, la mayoría mujeres, interesadas en venir a España; organizaban y financiaban el viaje, y les procuraban alojamiento.

Las inmigrantes se veían abocadas, dada su precaria situación económica, a firmar un pagaré por el que se comprometían a pagar la cantidad de 1.800 euros, y hacer entrega de las escrituras de una propiedad de su familia como aval. Los miembros del grupo en Paraguay utilizaban una agencia de viajes en Asunción, que obtenía los pasajes de avión.

En Madrid y Paraguay

Los integrantes del grupo residentes en Paraguay eran Olga Deisy B.C., hermana de una de las personas detenidas en España, y su esposo, Catalino V. C., además de otras personas que trabajaban en la Agencia. La primera se encargaba de recibir a las inmigrantes en su domicilio y exponerles las condiciones del viaje y, el segundo, las citaba en la propia agencia de viajes, donde impartía las instrucciones adecuadas sobre cómo comportarse ante la Policía española y las respuestas que tenían que dar ante las preguntas que les formularan.

Si alguna de las mujeres tenía problemas en el trabajo que le habían buscado, Celso Dilio las obligaba a ejercer la prostitucion.

Una vez en el aeropuerto, y antes de embarcar en el avión con destino a Madrid, un empleado de la misma agencia les entregaba el billete de avión, bolsa de viaje y la correspondiente reserva de hotel.Si a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas eran rechazadas en el puerto fronterizo y, por tanto, retornadas a su país, eran obligadas a pagar otros 1.800 euros para efectuar el viaje nuevamente. Las paraguayas no tenían más remedio que acceder a esta exigencia, ya que en caso contrario perdían las propiedades familiares que habían presentado como aval.

Si franqueaban el control policial les esperaba un miembro del grupo, que los trasladaba y alojaba en dos viviendas situadas en Madrid. Allí, los dos hermanos, les retiraban el dinero de las “bolsas de viaje”, y se encargaban de buscarles un trabajo, normalmente como empleadas de hogar.

Obligadas a prostituirse 

Del sueldo futuro tendrían que pagar 70 euros mensuales de alquiler, otros 70 euros por la comida, además de 500 euros más cada mes, hasta saldar totalmente la deuda contraída. Dado que por el trabajo de empleadas de hogar percibían entre 600 y 700 euros, no les quedaba prácticamente dinero para sus gastos.

Si alguna de las mujeres tenía problemas en el trabajo que le habían buscado, Celso Dilio las obligaba a ejercer la prostitución. En Madrid fueron detenidos Ana Sixta S. B. “Ana”, de 31 años, María Dolly S. C., de 34 años y Celso Dilio S. B., de 36 años, todos ellos nacidos en Paraguay con domicilio en Madrid.

Han prestado asímismo declaración en calidad de imputados tres personas en cuyo domicilio trabajaban como empleadas de hogar mujeres en situación ilegal. También han sido arrestadas por estancia ilegal en España cinco paraguayas y una boliviana.

http://www.20minutos.es/noticia/303068/0/explotacion/empleadas/hogar/ 

24/10/2007 11:54 Europa Press. La Policía Local de Barbate interceptó a las 20.50 horas de ayer un vehículo en la carretera que une las localidades gaditanas de Vejer de la Frontera y Barbate con tres inmigrantes marroquíes en su interior, dos de ellos sin documentación, y un tercero al que se acusó de un delito contra el derecho de los trabajadores.Fuentes del Instituto Armado precisaron a Europa Press que dos de los inmigrantes carecían de documentación, por lo que fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, por un presunto delito de «estancia ilegal».

El tercer ocupante del vehículo es otro varón, de origen marroquí, con permiso de residencia, por lo que fue acusado de un presunto delito contra el derecho de los trabajadores. Los otros dos serán repatriados a su país de origen.

http://www.diariodecadiz.com/186904_ESN_HTML.htm

Policías de la Comisaría de Burgos han detenido a J.D.V., de 23 años, como presunto autor de un delito de lesiones graves a un ciudadano, en el cruce de la calle Vitoria con Francisco Grandmontagne. El joven estaba discutiendo con su novia y agredió sin motivo alguno a un viandante que pasaba ocasionalmente por el lugar. Cuando llegó una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía vio al sujeto golpeando la marquesina del autobús, un retrovisor roto de un coche aparcado y la novia llorando. Cuando se acercaron los agentes, este hombre les amenazó de forma muy agresiva.
El viandante que resultó agredido  con golpes y patadas estaba en las proximidades sangrando de la nariz, con la cara tumefacta y cortes en el cuello, por lo que fue trasladado al Hospital General Yagüe.

Por otro lado, policías de la Comisaría de Burgos han detenido a W.A., de 42 años, como presunto autor de un delito de violencia de género y otro contra el derecho de los trabajadores. El hombre agredió y amenazó gravemente a su compañera sentimental, una ciudadana extranjera en situación irregular, a la que desde hace varios meses hacía trabajar en su establecimiento en jornadas abusivas y condiciones infrahumanas. La víctima ha solicitado medidas de protección.

La Brigada de Extranjería y Documentación de la Comisaría de Motril ha detenido a un empresario cubano de 38 años, E.P.Z.Q., por emplear en trabajos de construcción, supuestamente, a inmigrantes sin permiso de trabajo y en situación irregular en el país. Según pudo saber IDEAL, la empresa se dedicaba a realizar pequeñas obras y ‘chapuzas’ en cortijos de la zona de la Costa.

Precisamente fue uno de los empleados, que sí se encontraba en situación regular, el que denunció a su jefe porque no le pagaba y puso a la Comisaría de Motril tras la pista. El detenido está acusado de explotar laboralmente a estos inmigrantes indocumentados y, por lo tanto, se le achaca la comisión de un delito contra el derecho de los trabajadores. Según informó la Policía Nacional, el empresario no pagaba los salarios correspondientes acordados con sus trabajadores, que ya inicialmente estaban por debajo de lo estipulado por convenio. La Brigada de Extranjería no lo ha tenido fácil para resolver el caso ya que, según explicaron los investigadores, se toparon con la dificultad de «no poder contar con los testimonios de las víctimas, inmigrantes indocumentados, que son reacios a acudir a la Policía por su situación».

Sólo conocían el mote

Los investigadores tuvieron además que identificar al empresario, del que en un principio sólo conocían el mote y que era de nacionalidad cubana. Además, los investigadores comprobaron, una vez detenido, que aunque E.P.Z.Q., se encontraba de forma legal en el país, su autorización de trabajo era por cuenta ajena, así que la empresa de construcción que regentaba también sería ilegal.

http://www.ideal.es/granada/20071006/costa/detenido-contratar-obreros-papeles-20071006.html 

AGENCIAS/20MINUTOS. 14.09.2007

  • Les ofrecieron trabajo y luego les despojaron de sus documentos.
  • Después los encerraron con violencia en una habitación.
  • CONSULTA AQUÍ TODAS LAS NOTICIAS DE CUENCA.

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por varios delitos contra los derechos de los trabajadores por retener, supuestamente, a seis personas de nacionalidad rumana contra su voluntad en una vivienda de Mota del Cuervo (Cuenca).

Según informó hoy la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Cuenca en una nota de prensa, los detenidos tenían a seis personas de su misma nacionalidad privados de libertad en el interior de una vivienda de Mota del Cuervo, por lo que se les considera presuntos autores de delitos contra los derechos de los trabajadores, detención ilegal, coacciones y amenazas.

Los detenidos contactaron con personas de su misma nacionalidad ofreciéndoles trabajo a cambio de dinero y, una vez que aceptaron, les requisaron su documentación personal supuestamente para gestionar contratos.

Violencia y amenazas

Cuando las víctimas se dieron cuenta de que la promesa no era tal, solicitaron que les devolvieran la documentación, pero entonces fueron retenidas de manera violenta en la cámara superior de una vivienda.

Los detenidos cerraban esa estancia con llave y negaban a las personas encerradas la documentación hasta que no trabajaran.

En el registro del domicilio, la Guardia Civil encontró diversa documentación, pasaportes, armas blancas y dinero.

http://www.20minutos.es/noticia/276041/0/detenidos/rumanos/cuervo/

26/09/2007 12:53 EP. La Policía Local de Bormujos, en colaboración con el Consulado General de Rumanía en Sevilla para Andalucía, Extremadura y Murcia, detuvo en la tarde del martes a cuatro personas de nacionalidad rumana como presuntos autores de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
Según informó la Policía en un comunicado, la detención se realizó después de que el Consulado tuviera sospechas de que los individuos en cuestión “reclutaban ciudadanos rumanos en su país de origen y los trasladaban en autobús desde Rumanía a Sevilla con una falsa promesa de contrato de trabajo, sueldo de mil euros mensuales, vivienda donde alojarse y manutención además del viaje gratuito hasta Sevilla”.

Una vez en su destino, según añadió el cuerpo policial, el contrato no existía, aunque sí les ofrecían trabajo en las labores agrícolas, concretamente en la recogida de la aceituna, y los alojaban en “una tienda de campaña sin colchón” junto al Riopudio, cauce que servía como baño. La manutención consistía en una comida diaria que elaboraba una ciudadana rumana, “al parecer con los despojos que consiguen en los contenedores cercanos a los centros comerciales de la localidad”, agregó el comunicado.

Los presuntos estafadores además actuaban como “gestores” de la relación laboral con el empresario agrícola, siendo ellos los encargados de cobrar por el trabajo realizado y pagar posteriormente a los trabajadores previo cobro de la comisión correspondiente por su “gestión”.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del puesto de la Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache para la continuación de las diligencias policiales.

http://www.diariodesevilla.com/171153_ESN_HTML.htm 

La Policía ha detenido a una pareja de empresarios, él español y ella de origen cubano, y a un intermediario de nacionalidad boliviana, acusados de explotar a trabajadores extranjeros en situación irregular y en condiciones lamentables de salubridad e higiene.


Según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid, también se ha detenido a 11 trabajadores, carentes de autorización de trabajo y residencia.

La investigación comenzó a principios del pasado septiembre, cuando la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación tuvo conocimiento de las actividades de una empresa, que al parecer empleaba ciudadanos extranjeros indocumentados.

Esta tenía la sede social en un polígono industrial de la localidad de Algete (Madrid), si bien los trabajadores irregulares realizaban su labor en una finca rústica de la localidad de San Sebastián de los Reyes.

Como socio y administrador único figuraba María Lourdes R., de 55 años, nacida en La Habana (Cuba) y nacionalizada en EEUU de América.

El responsable de la empresa, esposo de la anterior, fue identificado como Francisco Ricardo P.R., español de 51.

El encargado de contactar con los trabajadores, ha sido identificado como Freddy Gonzalo C.M., de 43 años, boliviano, y domiciliado en Madrid, y según las fuentes policiales entre sus funciones estaba también la de controlar y amenazar a los inmigrantes para que trabajaran más y mejor.

http://actualidad.terra.es/sucesos/articulo/detenidos_empresarios_intermediario_explotar_inmigrantes_1925196.htm

AGENCIAS
13 de octubre de 2007

Un ciudadano chino ha sido condenado a dos años y medio de cárcel como responsable de un taller clandestino de confección, donde, según el fiscal, sometía a varios compatriotas ‘sin papeles’ a ‘jornadas draconianas’ de quince horas diarias y salarios muy por debajo del convenio en el sector textil.

El juicio, fijado para el próximo día 19, no se celebrará porque el acusado C.W. ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena solicitada por el fiscal, que la ha rebajado respecto a los cinco años de cárcel que solicitaba en su calificación provisional, dijeron fuentes del caso.

Según el fiscal, el procesado, que estaba en situación ilegal en España, ‘conocía y se aprovechaba’ de que sus empleados también carecían de permiso de residencia y trabajo.

Un registro policial en el taller situado en la calle Azorín de Sevilla, realizado el 13 de junio de 2007, descubrió trabajando a catorce ciudadanos chinos, de los que cuatro tenían permiso de residencia pero no de trabajo, y otros tres estaban en situación de estancia irregular.

Según la Fiscalía, el propio secretario judicial y un inspector de trabajo que acompañaron a la Policía constataron las ‘condiciones draconianas de trabajo, con jornadas que comenzaban a las 10 horas y concluían a la 1.00 horas del día siguiente, hacinamiento, falta de ventilación y de iluminación adecuada, extintores que no funcionaban y vías de salida no expeditas’, y salarios muy por debajo del fijado por el convenio del sector textil. KOD

http://www.informativos.telecinco.es/taller_clandestino/chino/condena/dn_55587.htm

Existen “sospechas razonables” de que el empresario, también de nacionalidad argentina, pudiese haber abandonado el país tras el accidente

29.09.07 – 13:43 – EUROPA PRESS | ALMERÍA

UGT Almería ha solicitado la intervención de la Fiscalía para tramitar una orden de busca y captura internacional contra el propietario de la empresa de multiservicios que empleó a Roberto Gabriel L.B., un obrero argentino de 30 años sin permiso de trabajo que falleció el pasado día 2 a causa de las graves quemaduras sufridas en la explosión de un local en obras de El Ejido.

Fuentes de la organización sindical, que ha anunciado su personación como acusación particular en las diligencias que sobre el caso instruye el Juzgado de Instrucción número tres de El Ejido, indicaron que existen “sospechas razonables” de que el empresario, también de nacionalidad argentina, pudiese haber abandonado el país tras el accidente.

UGT, que también a aportado documentación sobre el siniestro mortal al Ministerio Público, ya denunció que las condiciones del local comercial en reformas, ubicado en el número 120 de la Calle Cervantes de El Ejido, incumplían “de forma flagrante” la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Sin permiso de trabajo y residencia

Roberto Gabriel L.B. se encontraba el pasado 28 de agosto instalando paneles de insonorización en un sótano de apenas 20 metros cuadrados sin ventilación y sin portar traje ignifugo o mascarilla cuando se produjo una deflagración por la acumulación de gases de una lata de cola industrial junto a un cuadro eléctrico en mal estado.

No contaba con permisos de trabajo y residencia por lo que UGT- Almería , tras solicitar un poder notarial a la esposa, quien reside en Buenos Aires (Argentina), también emprenderá la vía civil para depurar responsabilidad y tramitar pensiones de viudedad y orfandad para los cinco hijos del fallecido.

La secretario de Migraciones del sindicato en Andalucía ya gestionó la cremación de los restos mortales Roberto Gabriel L.B. cuyo coste de 6.000 euros sufragó el Ayuntamiento de Sevilla ante la negativa de las autoridades argentinas que sí se hicieron cargo de la repatriación de las cenizas.

http://www.ideal.es/almeria/20070929/local/el-ejido/pide-emita-orde-busqueda-200709291333.html

18-SEPTIEMBRE-2007. CIUDAD REALLa Guardia Civil detuvo ayer en una finca del paraje conocido como La Manchuela, en Socuéllamos, a L.V., apodado Thomas, de 36 años de edad, y a V. M. F., de 37, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores. Los detenidos, ambos de nacionalidad rumana y pareja sentimental, han sido acusados de explotar a un total de diecinueve trabajadores, todos rumanos, excepto uno que era de nacionalidad boliviana.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, explicó que en el momento de la detención, que se produjo en la mañana de ayer tras varios días de investigación, se identificó también a los trabajadores, así como a los empleadores, los tres tomelloseros propietarios de la finca donde las víctimas de explotación laboral trabajaban recogiendo pimientos.

Díaz-Cano indicó que Thomas acordó con los empleadores un salario de 7 euros por hora de trabajo, unos 70 al día, aunque a los trabajadores les prometió un salario de entre 30 y 40 euros al día, quedándose él y su pareja, que ejercía de vigilante de los trabajadores, con la diferencia. Además, aseguró que algunos de los trabajadores ni siquiera habían llegado a cobrar esa cantidad prometida.

300 euros por venir a españa
A excepción del trabajador boliviano, a los dieciocho rumanos los trajo presuntamente Thomas cobrándoles por ello 300 euros a cada uno. Una vez en Tomelloso, localidad en la que todos ellos vivían en una única vivienda, debían pagar otros 100 euros.

Thomas también les exigió el pago de 150 euros por encontrarles trabajo, y otros 5 diarios por llevarlos desde la vivienda de Tomelloso hasta la finca de Socuéllamos.

En el momento de la detención, la Guardia Civil intervino la furgoneta que se utilizaba para los desplazamientos, donde se encontraron diez tarjetas de identidad de ciudadanos rumanos, lo que hace pensar que los detenidos pudieran estar reteniendo su documentación para evitar que escaparan.

Además, se hallaron diversas agendas que ayer estaban siendo analizadas, mientras que los trabajadores pasaron la tarde declarando en el juzgado número 3 de Tomelloso, que se ha hecho cargo del caso.

Díaz-Cano, que compareció acompañado del subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Miguel Lacruz, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Vicente Pérez, y el jefe de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, Ángel Trujillo, aseguró finalmente que en los próximos días, una vez que concluya la investigación, se producirán también consecuencias administrativas contra los detenidos y los empleadores, como el levantamiento de actas por cesión ilegal de trabajadores, así como por la contratación de extranjeros sin permisos de trabajo.

http://www.eldiadeciudadreal.com/noticia.php/3962