MANIFIESTO

El Observatorio de la Delincuencia Inmigrante, agencia de noticias independiente y temática sobre la delincuencia inmigrante en España,

CONDENA

Todos los actos de racismo, que atentan contra la dignidad de las personas, vengan de donde vengan y quienquiera que los cometa, entendiendo que el racismo no es una actitud propia de un grupo racial en exclusiva, sino que esta lacra se encuentra presente en todos ellos.

La discriminación en todas sus formas, incluso la mal llamada “discriminación positiva”, que supone un agravio comparativo para las personas nacionales y también para las extranjeras, a quienes estas políticas mal entendidas y peor aplicadas presuponen inferiores y por lo tanto necesitadas de una mayor atención que no les permite desarrollarse en independencia.

Cualquier acto de violencia o crimen de odio motivado por ideología política, religión, nacionalidad, origen étnico o identidad nacional, y a quienquiera que cometa estos crímenes o los justifique.

El terrorismo en todas sus variantes, expresión de auténtica intolerancia, porque ninguna idea política o religiosa vale una sola vida humana.

Y se DECLARA

Demócrata, constitucionalista, amante de la libertad, y en respeto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A su vez, DENUNCIA

La falta de control sobre la inmigración, que propicia la entrada en España de delincuentes extranjeros como si de honrados trabajadores se tratase, desprovistos de documentación alguna, sin concorese de ellos sus antecedentes penales, lo que propicia que España se haya convertído en los últimos años en un paraíso para la delincuencia.

La pasividad del Estado, incapaz de evitar estas avalanchas por tierra, mar y aire, y periódicamente parcheadas mediante procesos extraordinarios de regulación masiva, que ponen en evidencia el descontrol que impera sobre la inmigración, por cuanto se han regularizado a millones de personas que han entrado de forma ilegal en nuestro país.

La tolerancia institucional hacia la delincuencia extranjera, que se ve alentada por un sistema judicial garantista en demasía con los derechos del delincuente, lo que deriva en desproteccion y doble humillación para la víctima.

Por todo lo expresado, APOYA

El endurecimiento de las penas del Código Penal y la reforma de la Ley de Extanjería, incluyendo la deportación de cualquier delincuente extranjero condenado en España, una vez cumplida la condena o antes de su cumplimiento, mediante compromiso del Estado del que sea nacional del mantenimiento de la misma y del ingreso del condenado en las cárceles de su país de origen.

La inclusión de penas ejemplares y de máxima dureza en el Código Penal para los delitos de terrorismo, asesinato y violación, cuando no se albergue ningún género de dudas sobre la autoría de los hechos o cuando los mismos sean confesados por los autores, puesto que una simple condena de cárcel ni rehabilita al reo ni repara el daño ocasionado.

La adopción de medidas especiales para combatir la delincuencia que generan las bandas mal llamadas “latinas”, que conduzcan a la represión de las mismas y a su completa erradicación, incluyendo la categorización como delito en el Código Penal la mera pertenencia a uno de estos grupos criminales, como si de pertenencia a banda armada se tratase, con penas y condenas ejemplares para los que contravinieren esta norma.

La deportación inmediata y sin dilación de cualquier persona que intente entrar en el territorio nacional de forma ilegal o irregular, exista o no convenio de repatraición con el país de origen.

El incremento de la presión policial y los controles de extranjería con el fin de detectar, detener y deportar inmediatamente a las personas que se encuentran en España en situación irregular.

La derogación de todos y cada uno de los procesos de regularización masiva y extraordinaria que se han ejecutado en España desde 1996, y la prohibición por Ley de estos procesos para que en un futuro no puedan repetirse, y que constituyen una grave discriminación contra las personas extranjeras que han entrado en el territorio nacional debidamente documentadas y cumpliendo la ley.

El derecho de todas las personas a autodefenderse y a tomar las medidas necesarias para salvaguardar su vida, sus propiedades, y las vidas y propiedades de las personas de su entorno.

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